Por: Uzías Mico Ramírez/ESPECIAL
MONTERREY, Nuevo León.-Luis, es activista social e integrante del Colectivo Voz de los Usuarios en Monterrey, Nuevo León, desde hace un año participa de manera pública y pacífica en la defensa del derecho a un transporte digno y accesible en Nuevo León.
Lo que le ocurrió a Luis a partir del 19 de Abril de 2025 no es un hecho aislado ni un error administrativo. Es una cadena de violaciones graves a sus derechos humanos que evidencian cómo el sistema penal puede utilizarse para castigar, desgastar y desincentivar la protesta social.
19 DE ABRIL DE 2025 – DETENCIÓN Y REPRESIÓN
Ese día Luis participó en una manifestación pacífica contra el aumento a las tarifas del transporte público en Monterrey.
Durante la protesta fue derribado y golpeado por elementos de Fuerza Civil, en un contexto documentado por medios de comunicación y denunciado como uso excesivo de la fuerza.
La detención de Luis fue arbitraria: Nunca se le explicó claramente el motivo ni se le informó de su situación jurídica. Fue tratado como un delincuente por ejercer su derecho a manifestarme.
INCOMUNICACIÓN Y DESAPARICIÓN TEMPORAL
Tras la detención de Luis, permaneció incomunicado por casi 24 horas, sin que su familia ni su defensa tuvieran información oficial sobre su paradero.
Las primeras horas las pasó esposado y golpeado en la parte trasera de una patrulla, sin atención médica y sin acceso a un abogado.
Por las condiciones en que ocurrió, esta incomunicación puede calificarse como una desaparición forzada temporal, ya que estuvo bajo custodia del Estado sin registro público efectivo.
VIOLACIONES AL DEBIDO PROCESO
Desde el inicio se ignoraron recursos legales promovidos a favor de Luis, y se obstaculizó su derecho a una defensa adecuada.
Mientras Luis permanecía incomunicado, integrantes del Colectivo realizaron protestas frente al Palacio de Justicia denunciando la represión y criminalización de la protesta social.
VINCULACIÓN A PROCESO Y MEDIDA CAUTELAR
El 23 de abril de 2025, Luis fue vinculado a proceso por diversos delitos relacionados con la protesta.
A pesar de no representar riesgo de fuga ni tener antecedentes de violencia, se le impuso una medida cautelar desproporcionada: Arraigo domiciliario con brazalete electrónico.
Esta medida ha restringido su vida personal, familiar y social, vulnerando el principio de presunción de inocencia.
BRAZALETE ELECTRÓNICO COMO HOSTIGAMIENTO
Aunque se presentó como medida de monitoreo, en la práctica se convirtió en un mecanismo de desgaste:
Llamadas a cualquier hora por supuestas fallas técnicas.
Exigencia de recorridos dentro de su casa y envío de fotografías invasivas.
Permanencia conectada a un cargador fijo, limitando su movilidad dentro del domicilio.
Todo esto ha generado un impacto físico, emocional y psicológico constante, convirtiendo la medida cautelar en una pena anticipada.
AUDIENCIAS POR FALLAS TÉCNICAS
Luis ha sido citado a audiencias derivadas de fallas del sistema del brazalete, fallas que no dependen de él.
Aun así, se ha intentado responsabilizarlo y se ha solicitado incluso su encarcelamiento por supuestos incumplimientos inexistentes.
OBSTÁCULOS DE LA FISCALÍA
En audiencias recientes, la Fiscalía de Nuevo León solicitó más tiempo para cuantificar daños y seguir investigando, reconociendo implícitamente que no existen pruebas concluyentes en contra de Luis.
Esto confirma que el proceso se sostiene más como un acto de represión que como la persecución de un delito real.
Durante este proceso, la defensa de Luis solicitó como evidencia las cámaras de circuito cerrado del Palacio de Gobierno y las body cams de los policías que aseguran haber sido agredidos. La respuesta oficial fue que no funcionaban, lo que representa una omisión grave y un obstáculo directo para esclarecer los hechos.
HOSTIGAMIENTO A SU FAMILIA
Uno de los hechos más graves ha sido la citación contra su esposa, acusándola de los mismos delitos sin pruebas claras, lo que constituye una forma de intimidación y presión hacia su entorno familiar.
IRREGULARIDADES DENUNCIADAS PÚBLICAMENTE
Uso excesivo de la fuerza.
Detención arbitraria durante protesta social.
Incomunicación y desaparición temporal.
Golpes y falta de atención médica.
Violaciones graves al debido proceso.
Omisión de pruebas clave (circuito cerrado y body cams).
Medidas cautelares desproporcionadas.
Hostigamiento mediante el brazalete electrónico.
Audiencias basadas en fallas técnicas no imputables.
Extensión injustificada del proceso sin pruebas.
Persecución contra su esposa y familia.
Criminalización de la protesta social.
CASO POLITIZADO
A un año de lo ocurrido a Luis, la audiencia intermedia ha sido pospuesta tres veces, lo que prolonga el desgaste y confirma que su caso está politizado, impidiendo que la ley se ejerza de manera imparcial y justa.
