Uzías Mico/Reportero
Monterrey, Nuevo León.- En el discurso oficial el gobernador de Nuevo León, Samuel García presume modernidad, pero las cifras y la realidad legal cuentan una historia de abandono.
El colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDENL) lanzó una dura acusación contra el Gobierno del Estado, señalando que las autoridades han convertido la búsqueda de personas en un laberinto de omisiones administrativas que, en la práctica, obstaculizan la justicia.
Bajo el cuestionamiento: «¿Nuevo León ‘primer lugar’ en omisiones para buscar personas desaparecidas?», el colectivo desnudó la inoperancia de las instituciones clave, señalando directamente al Ejecutivo estatal como el epicentro de estos fallos.
A más de tres años de que se reformara la Ley de Seguridad Pública, la cual obliga a las autoridades a coordinarse con concesionarias de telefonía móvil para difundir alertas de búsqueda, la Comisión Local de Búsqueda (CLB) admitió vía transparencia que no existe ningún convenio firmado.
«La CLB confirma que NO existe ningún convenio… ¿Cuánto tiempo más obstaculizará el cumplimiento de la Ley?», denuncia FUNDENL, evidenciando que el uso de tecnología para salvar vidas sigue siendo una promesa vacía.
La denuncia escala hasta la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHNL). Según el colectivo, el acuerdo para regular las compensaciones a víctimas —enviado desde marzo de 2024— está paralizado. ¿La razón? El Gobernador de Nuevo León no ha publicado dicho acuerdo en el Periódico Oficial del Estado. Lo más grave es que, al consultar a la Secretaría General de Gobierno, esta respondió que la publicación de dicho acuerdo son «actividades ajenas a su competencia», sugiriendo un desconocimiento total del proceso o una táctica de evasión institucional.
A seis años de su creación, la Comisión Local de Búsqueda sigue operando sin lo más básico, como Planes Estatales de Búsqueda.
En un estado con más de 7 mil personas desaparecidas, el colectivo califica de inaudito que no existan estrategias formales tal como lo exige la ley.
FUNDENL fue contundente al cierre de su comunicado, advirtiendo que la negligencia de los servidores públicos no es solo burocracia, sino un delito grave:
- Responsabilidad directa: Señalan que la CLB depende directamente del Gobernador, por lo que las omisiones nacen desde el mando estatal.
- Sentencia social: «Sus omisiones terminan de configurar la desaparición forzada de personas en México y particularmente en Nuevo León».
