Juan Felipe Cisneros Sánchez / Observatorio Indígena Mesoamericano.
En un despliegue de talento para la simulación, la responsable regional de la Secretaría de Bienestar se presentó ante las autoridades de Mecatlán, Tamazunchale, con la intención de “dorarles la píldora”. Con esa ligereza que da el escritorio, pretendió “dar gato por liebre” y, en un movimiento acrobático, les “echó la bolita” a las autoridades indígenas, intentando culpar a las víctimas del retraso en sus propias obras.
Sin embargo, a la funcionaria le salió el tiro por la culata: los representantes de las comunidades le recetaron una cátedra de memoria institucional. Le recordaron que, mientras en el discurso se habla de prioridad, en la realidad San Luis Potosí fue enviado al final de la fila. Los recursos que debían florecer en abril, por obra de la «eficiencia» federal, terminaron llegando en los últimos días de octubre.
Para Bienestar, cinco meses de retraso parecen ser un error de dedo; para Mecatlán, donde los fondos aparecieron hasta noviembre, fue una condena a ejecutar lo imposible en solo sesenta días. Este Observatorio ya lo había advertido (aunque a nadie en la burocracia le guste que le lean el futuro): la combinación de lentitud administrativa y una infraestructura bancaria de juguete solo podía terminar en perjuicio de quienes menos tienen.
Pero el «amor» al pueblo no se detuvo ahí. La receta incluyó ingredientes dignos de un manual de autoritarismo: falta de tarjetas, cuentas bloqueadas y esa sutil coerción contra quienes osaron protestar por el «moche» legalizado del 10%. Una fórmula mágica impuesta sobre el decreto de marzo de 2025 que, como por arte de magia, desapareció $56,736,536.00 pesos del mapa de 23 municipios y 536 comunidades.
Y por si el desprecio presupuestal no fuera suficiente, Bienestar y el INPI han decidido perfeccionar el “secuestro financiero”. Tienen bajo llave $56,228,910.00 pesos que pertenecen a la infraestructura indígena de 2025. Un botín que afecta a casi 35,000 personas de la Huasteca Potosina.
A pesar de que los Juzgados 5° y 7° de Distrito con sede en Ciudad Valles emitieron sentencias favorables a las comunidades en enero pasado (juicio de amparo 269/2025-V y sus acumulados), la cúpula federal —encabezada por Adelfo Regino Montes, Guillermo Morales y el titular impuesto del INPI, Mario Alberto Godoy Ramos— ha optado por el desacato no entregando los recursos que le pertenecen a las comunidades.
No ignoramos que el fondo (FAISPIAM) debe gastarse cada año según las reglas. Sin embargo, el gobierno no puede usar la excusa de que ‘ya se acabó el año fiscal’ para no pagar, si existe una sentencia de amparo de por medio. Cumplir con la Constitución y con lo que ordena un juez está por encima de cualquier calendario de presupuesto. Las sentencias se deben cumplir sí o sí, sin pretextos, porque el mandato de la ley máxima no es opcional.
Si un juez ordena pagar mediante un amparo, el gobierno está obligado a sacar el dinero aunque el año presupuestal ya haya terminado o las reglas digan lo contrario. La Constitución manda más que cualquier contador.
La retención de los citados recursos es a toda luz ilegal, dicha retención en el Banco del Bienestar, es utilizada como un mecanismo de “extorsión política”: el Gobierno Federal se niega a liberar los fondos debido a que las comunidades no desistieron de los amparos interpuestos contra las irregularidades de la gestión actual y la imposición de funcionarios sin identidad indígena, como es el caso de Mario Alberto Godoy Ramos.
