Juan Felipe Cisneros Sánchez / Observatorio Indígena Mesoamericano
Lo que se perfilaba como una política pública histórica de transferencia directa de recursos a los pueblos originarios, ha terminado por convertirse en un catálogo de irregularidades, omisiones y traiciones. Tras la reciente visita de Guillermo Morales, titular de los programas de Bienestar, a la región de la Huasteca, ha quedado al descubierto el profundo malestar de las autoridades indígenas de Mecatlán, Santiago y otros barrios, quienes denuncian que la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo les ha fallado.
La crítica hacia la gestión de la Secretaría de Bienestar y el INPI no es subjetiva, se sustenta en hechos:
Se impuso una distribución de recursos ajena al decreto inicial, reduciendo de tajo el presupuesto destinado a cada comunidad. A pesar de que diversas comunidades ganaron amparos contra estos recortes, Guillermo Morales (Bienestar) y Mario Alberto Godoy Ramos (INPI) han ignorado las sentencias. Hasta la fecha, no se han pagado los recursos correspondientes a 2025, lo que las comunidades califican como un chantaje político.
El desaseo administrativo alcanzó su punto máximo con la gestión del calendario de ministraciones. Mientras el decreto estipulaba que los fondos debían llegar en abril de 2025, la primera entrega ocurrió hasta octubre, un retraso de cinco meses que asfixió la planeación comunitaria.
Ante la imposibilidad material de ejercer el 100% de los recursos en solo dos meses (noviembre y diciembre), la Secretaría de Bienestar simplemente optó por no ministrar el resto del dinero. Esta falta de criterio técnico vulnera los compromisos ya adquiridos por las comunidades para obras y servicios esenciales.
A pesar de la narrativa oficial que presume el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, la realidad en campo es la de un paternalismo autoritario. Los lineamientos del FAISPIAM hoy se contraponen a la Constitución: Se violenta la autonomía y la libre determinación, se imponen obras, contratistas, proveedores y técnicos externos, se utilizan a los «Servidores de la Nación» como instrumentos de control y, en muchos casos, de corrupción.
Resulta alarmante la actitud del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). Como institución garante de los derechos de estas comunidades, su silencio ante los atropellos de Bienestar es, por decir lo menos, sospechoso. El INPI ha renunciado a su mandato para convertirse en un espectador del desmantelamiento de la autonomía indígena.
El Observatorio Indígena Mesoamericano lo advirtió desde junio de 2025: la incapacidad y el desorden institucional terminarían afectando a los más pobres. “Existe una alarmante falta de coordinación y un desorden administrativo entre las instituciones responsables, las cuales continúan cometiendo atropellos en la región. El retraso en los procesos asamblearios impactará inevitablemente en la entrega de recursos, la ejecución de obras y su comprobación técnica. Esta incapacidad institucional demuestra un desinterés absoluto por el bienestar de las comunidades, que corren el riesgo de ser excluidas del presupuesto 2026, mientras los funcionarios responsables aseguran su permanencia y sus salarios sin consecuencia alguna.” Hoy, la «transformación» que pregonan los funcionarios queda en entredicho. Si «amor con amor se paga», el trato recibido por las comunidades de Tamazunchale augura un justo castigo político a una administración que prometió justicia y entregó burocracia, retrasos y engaños.
