Por Porfirio M. López
La extorsión y el cobro de piso son dos delitos que se han dejado crecer en la última década y que permanece en auge en pleno 2026. Los datos disponibles así lo indican, el alcance del delito es ya masivo, no importa si es un ciudadano o una empresa productiva. El informe denominado “Extorsión en México” realizado por la Universidad Iberoamericana y presentado en abril pasado, manifiesta que en una década el delito se ha expandido de 5 mil 803 carpetas de investigación en 2015 a 9 mil 357 en 2025.
El informe destaca que 84.1 por ciento de las extorsiones es de tipo telefónica y el 15.2 por ciento son de tipo presencial, pero son las más efectivas para lograr pagos y son las que más daño psicológico están causando a las micro y pequeñas empresas debido al uso de armas, generación de miedo, estrés permanente en las víctimas y genera relaciones de control de territorio en muchas regiones del país donde redes criminales controlan y regulan actividades económicas en contubernio con las autoridades locales.
Otro factor que explica el incremento del delito de la extorsión en diversos estados de la República y en los municipios del país es que el alcance real del delito permanece oculto porque las víctimas generalmente no denuncian, se estima que el 97 por ciento de los casos de extorsión no llegan ante las instancias judiciales y ello ha provocado la reproducción de células criminales dedicadas impunemente a establecer cuotas o cobros de piso a expendios de tortillas, pollerías, verdulerías, talleres mecánicos, huertos agrícolas, fondas e infinidad de tianguis o comercios ambulantes.
A pesar de que en este sexenio la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aceptó en julio del año pasado que el delito de extorsión no se ha contenido y anunció la Estrategia Nacional contra la Extorsión junto con una iniciativa de reforma constitucional para la creación de una Ley General contra la Extorsión el delito no ha mostrado signos de ir en descenso, al contrario, se mantiene al alza con el paso del sexenio de la primer mujer presidenta.
La estrategia presentada por la presidencia de la República en voz del secretario de Seguridad y Participación Ciudadana Omar García Harfuch contempla labores de investigación e inteligencia, creación de unidades antiextorsión en las entidades, aplicar un protocolo de atención a víctimas, capacitación en manejo de crisis a operadores del 089, operativos en centros penitenciarios, bloqueo de líneas telefónicas participación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para congelar cuentas ligadas al cobro de extorsiones y el lanzamiento de una campaña nacional de prevención.
En el papel como muchos otros planes y otras estrategias se ve impecable, pero el problema es que el delito no ha bajado. Datos del propio gobierno federal estima que los estados de Guanajuato, Estado de México, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán son las entidades con el mayor acumulado de extorsiones. Las estadísticas de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE, 2023) realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indica que en México se cometieron 4,9 millones de delitos de extorsión y de ellos solo el 0.02 por ciento accede a algún tipo de justicia.
Para octubre de 2025 el gobierno de Claudia Sheinbaum volvió a retomar el tema de la extorsión acompañada de la consejera jurídica de la presidencia Ernestina Godoy Ramos. En la conferencia de Palacio Nacional anunció que había enviado al Congreso de la Unión una serie de iniciativas de ley para prevenir, investigar y sancionar el delito de extorsión. Godoy Ramos explicó la reforma al artículo 73 constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el objetivo de que en todas las entidades federativas se persiga de oficio el delito, comentó las penas que van de 6 a 15 años de prisión, determinó una serie de agravantes como el cobro de piso, cuando las víctimas son migrantes, menores de edad o el delito sea ejecutado por un servidor público. Además, Godoy Ramos -hoy fiscal general de la república- anunció la armonización del Código Penal Federal, la Ley de Delincuencia Organizada, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de Extinción de Dominio para prever que el delito de extorsión sea susceptible de la extinción de dominio.
A pesar de los anuncios de julio y octubre de 2025 el delito permanece a la sombra de la impunidad y sin freno. La estrategia y las leyes que se narran en Palacio Nacional palidecen ante el florecimiento de bandas criminales dedicadas a la extorsión; la debilidad de las autoridades se nota ante el incremento de casos en diversas entidades federativas. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) alertó sobre el crecimiento desmedido de la extorsión en los últimos dos años. De acuerdo con el organismo patronal el delito se expandió en 20 de las 32 entidades federativas y por ello se inhibe la inversión, es un freno a la creación de empleo formal y aumento los precios al consumidor final.
El delito de la extorsión ha crecido en los últimos años de la mano de la impunidad, la ineptitud, la corrupción y la desconfianza ciudadana. Si el delito no se denuncia, ello incrementa la presencia territorial de células criminales que han diversificado sus actividades ilícitas, mientras que el gobierno en lugar de enfrentar el delito simplemente se convierte en espectador ante el miedo y el temor que infunden las mafias criminales. La extorsión se ha elevado producto de que el gobierno desde el sexenio anterior manejo un discurso irresponsable de abrazos, no balazos, eliminó fondos presupuestales en materia económica y dejo el tema de la seguridad en manos de las Fuerzas Armadas que se dedicaron por un lado a la construcción opaca de obras y por el otro al comercio ilícito del huachicol fiscal.
El fenómeno de control territorial puede explicar porque las extorsiones están presentes en las cadenas de valor de amplias regiones del país, por ejemplo, dependiendo de la vocación productiva de los municipios es como se elevan los cobros de piso, así lo hemos visto en Michoacán con el cobro a limoneros y aguacateros, en Guerrero con los tortilleros, en Tamaulipas en los cruces aduanales o en Quintana Roo con los operadores turísticos. Otro factor es que las cárceles mexicanas no tienen ningún control, ni funcionan como centros de reinserción social y en complicidad con funcionarios públicos, los reclusorios sirven de forma eficiente como centro de atención telefónica para extorsionar familias. Finalmente, el delito está presente y por más estrategias que se anuncien no cede, no se ve en el horizonte quien pueda ponerle freno.
