Uzías Mico/Reportero
Monterrey, Nuevo León.- La Secretaría encargada de la protección y la inclusión social se ha convertido en un escenario de exclusión y atropello laboral contra los funcionarios en el Ayuntamiento de Juárez, Nuevo León.
Desde la llegada de Félix Arratia Cruz, los pasillos de la Torre Administrativa respiran miedo. El objetivo: una lista de 500 bajas que busca borrar de un plumazo décadas de servicio público para abrir paso al «dedazo» de compadrazgos y amigos de confianza.
El modus operandi es tan sistemático como cruel. Fuentes internas revelan que los trabajadores son citados en el segundo piso de la Torre Administrativa. Ahí, la instrucción de Recursos Humanos es clara: Firma tu «renuncia voluntaria» o son amenazados con la frase: «atente a las consecuencias».
No importa si el empleado tiene dos o 20 años de antigüedad en el Municipio; la orden es desocupar la silla. Lo más grave es que, según los afectados, el Estado está reteniendo sueldos de quincenas ya trabajadas y ofreciendo finiquitos de risa que tardan meses en llegar, bajo la amenaza de una guerra legal si deciden defender sus derechos.
La llegada de Arratia a la dependencia ha estado marcada por la irregularidad desde el primer minuto. Tras dejar la alcaldía de Juárez, el funcionario aterrizó en un puesto de «coordinador» que ni siquiera figura en la Ley Orgánica estatal, un movimiento que muchos ven como una simple escala para tomar el control total de la Secretaría tras la salida de Martha Herrera.
El reacomodo ya muestra sus primeros rostros. La Subsecretaría de Protección Social, antes en manos técnicas, ahora es ocupada por Irving Armando Delgado Ávila, exfuncionario de Juárez y hombre de confianza de Arratia. Mientras los «leales» se acomodan, los expertos son echados a la calle.
Félix Arratia consolida su estructura con miras al futuro político, el presente de la Secretaría de Igualdad e Inclusión es de todo, menos inclusivo.
