Juan Felipe Cisneros Sánchez / Observatorio Indígena Mesoamericano
Bienestar e INPI en medio de una tormenta: arrastran en su haber adeudos que las comunidades indígenas les reclaman en municipios como Matlapa, Tamazunchale, Aquismón, etc., y que corresponden al ejercicio 2025. Debido a que ambas instituciones, cada una en el ámbito de su responsabilidad, ministraron con un retraso de 5 meses los recursos del FAISPIAM, lógicamente a las comunidades les quedaron solo dos meses para realmente aplicar su presupuesto programado, ejerciendo, en promedio, solo la mitad en varios casos. Finalmente, el retraso gubernamental lo pagaron las comunidades, que dejaron a medias o inconclusos sus proyectos.
La respuesta de ambas instituciones es que «la mala de la película» o del ridículo es la TESOFE; así se lavan las manos y le cargan el bulto a la Federación. Con justa razón, las asambleas comunitarias sienten que a “Chuchita la bolsearon” y reclaman que el recurso debió haberse ministrado, pues no fue su responsabilidad; pero las flamantes autoridades de Bienestar e INPI —como lo son Guillermo Morales, Areli García y Mario Alberto Godoy Ramos— hacen como que “la virgen les habla” y solo ponen cara de “yo no fui”.
Hay casos más dramáticos de esta tragicomedia del malestar. Se tiene a comunidades que se habían amparado ante el recorte de recursos y que, por medio de chantajes, presiones y falsas promesas, fueron obligadas a desistirse de sus juicios. Bienestar e INPI gestionaron su primera ministración y, con el resto, simplemente se quedaron como “novias de rancho: vestidas y alborotadas”. Estas comunidades reclaman la falta de seriedad y la ineficiencia institucional por no haber previsto el compromiso de los recursos para las obras que se estaban desarrollando, y que ahora les hacen falta para terminar.
También están los casos de las comunidades que se mantienen firmes en los amparos interpuestos y que viven con la presión de Bienestar e INPI en el cuello para que se desistan. Ambas instituciones, haciendo uso indebido de los recursos y de sus facultades, han retenido injustificadamente los fondos que la sentencia del juicio 269/2025-V y sus acumulados ordenó liberar. Dicha resolución, dictada en enero de 2026, señaló que: “Deberá proceder al pago inmediato del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para el ejercicio fiscal dos mil veinticinco, específicamente, el componente indígena (FAISPIAM)”.
La sentencia añade que: “…no podría considerarse jurídicamente la vulneración a la prohibición contenida en el artículo 126 de la Constitución Federal –principio de anualidad–, por el hecho de erogar el gasto público fuera de ese lapso de tiempo (2025), si ello obedece precisamente a una ejecutoria de amparo, ya que el cumplimiento de las sentencias constitucionales no puede quedar condicionado a la determinación de si se aprueba o no una partida presupuestal o si se encuentra dentro de la época señalada para ello…”; pero Bienestar e INPI continúan litigando en contra de las comunidades, cuando se supone que son los que deben proteger sus derechos.
Los Servidores de la Nación y su coordinador en el municipio de Tancanhuitz, el Sr. Bonifacio Martínez Hernández, en una asamblea de Tamaletón, Tancanhuitz, criminalizaban e injuriaban al consejero nacional Rafael Reyes Martínez, buscando desacreditarlo al señalar falsamente que recibe dinero de las comunidades, cuando su cargo es honorífico. Todo porque el consejero citado mantiene una posición crítica y ha denunciado que el INPI, desde el 20 de abril, no contaba con una oficina de representación para garantizar la atención y los derechos de las comunidades indígenas. También dicho consejero, junto con Cenorina Bernal Fernández, Angelina Reyes Hernández, Marcos Alejo Torres y Hermelinda Vásquez Bautista, interpusieron y ganaron el amparo TESLP/JDC/04/2026 para que se armonice la reforma constitucional del artículo 2. ° con la Constitución local, en particular sobre el derecho de transitar del sistema de partidos a una elección municipal por usos y costumbres indígenas.
En el caso de la comunidad de San Pedro, municipio de San Antonio, donde vive la consejera nacional Cenorina Bernal Fernández, se obligó a la comunidad el pasado 18 de mayo a cambiar a su comité del FAISPIAM para excluir a dicha consejera, así como para presionar a la comunidad a que se desista de su amparo. Los Servidores de la Nación les advirtieron que, si no cambiaban el comité, no habría recursos para el 2026.
En este mismo municipio de San Antonio, la comunidad de Tanjasnec no convocó a la asamblea porque Bienestar e INPI la impusieron de un día para otro —esto está sucediendo en varias comunidades—. Mientras tanto, en Tocoy, Xolol y Tanchahuil no se reunió la asamblea debido a que ambas instituciones determinaron la fecha de forma unilateral y no las comunidades. INPI no está velando por el respeto de la personalidad que, como sujeto de derecho publico tienen las comunidades, al contrario continúa violentándolo junto con Bienestar.
