Argumentan que es por «comodidad» y «equilibrio» del personal docente
Ciudad Valles, S.L.P.– En medio del discurso oficial sobre inclusión educativa y respeto a los derechos de la niñez, una grave denuncia sacudió al sistema educativo estatal luego de que fue exhibido un documento atribuido a la profesora Norma Guadalupe Armenta Guerson, inspectora de la Zona 09 de Educación Preescolar del SEER, donde presuntamente se plantea evitar la inscripción de menores con discapacidad en planteles bajo su supervisión, en específico en el jardín de niños José Mario Molina, ubicado en la zona Centro.
La polémica surgió tras la denuncia pública de un padre de familia, quien acusó que a su hijo de apenas tres años le fue negada la posibilidad de ingresar a una institución educativa únicamente por su condición de discapacidad, situación que calificó como un acto abierto de discriminación y exclusión.
De acuerdo con el señalamiento, el documento justificaría la medida bajo argumentos relacionados con la “comodidad” y el “equilibrio” del personal docente, situación que ha provocado indignación, al considerar que se trata de una práctica que violenta el derecho constitucional de acceso a la educación.
El caso ocurre en un contexto donde autoridades educativas insisten públicamente en promover políticas de inclusión; sin embargo, esta denuncia exhibe una realidad distinta dentro de algunas instituciones, donde menores con discapacidad todavía enfrentan barreras para acceder a espacios educativos desde el primer contacto con el sistema escolar.
El padre afectado señaló que, aunque reconoce el esfuerzo y compromiso de muchos docentes, resulta inadmisible que desde áreas directivas o de supervisión se impulse la exclusión de niñas y niños que requieren atención especializada o acompañamiento educativo.
Asimismo, adelantó que buscará proceder legalmente mediante asociaciones civiles, organismos defensores de derechos humanos y autoridades judiciales, con el objetivo de que se sancione cualquier conducta discriminatoria y se sienten precedentes que impidan repetir este tipo de hechos contra personas con discapacidad.
