Juan Felipe Cisneros Sánchez / Observatorio Indígena Mesoamericano
La inasistencia del delegado estatal de la Secretaría de Bienestar, Guillermo Morales López, y de la delegada regional, Areli García Antonio, a la asamblea comunitaria este viernes 22 de mayo, representa un agravio directo a la dignidad, la buena fe y los derechos fundamentales de los habitantes de los trece barrios de esta localidad potosina.
Para comprender la magnitud de la crisis en Mecatlán, donde la asamblea ha determinado mantener retenidos a los denominados «servidores de la nación», es imperativo desmenuzar el actuar institucional a la luz de los artículos 1º y 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El artículo 1º constitucional mandata que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Al retrasar unilateralmente la ministración de los recursos públicos del ejercicio 2025 hasta el mes de noviembre, y al adeudar actualmente más de 2.7 millones de pesos destinados a infraestructura básica (FAISPIAM), la Secretaría de Bienestar está vulnerando el derecho al desarrollo social y a una vida digna. El presupuesto destinado a comunidades indígenas no es una dádiva gubernamental; es un derecho humano interdependiente. Bloquear o retrasar el flujo de estos fondos detiene el acceso al agua, a caminos practicables o a servicios de salud, lo cual constituye una regresión flagrante en la garantía de los derechos humanos que el Estado está obligado a tutelar.
Atentado contra la Libre Determinación y la Autonomía (Artículo 2º) El artículo 2º de nuestra Carta Magna reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural. La asamblea comunitaria es la máxima autoridad de toma de decisiones en Mecatlán; no es un espacio subordinado a los tiempos del funcionariado.
Que los delegados Guillermo Morales López y Areli García Antonio hayan faltado a su compromiso formal —pactado públicamente el pasado 6 de mayo— demuestra una profunda ignorancia, o bien, un desprecio absoluto hacia las instituciones de gobierno propio de los pueblos originarios. Peor aún, pretender enviar a «servidores de la nación» con la única instrucción de «integrar el comité de 2026» sin haber cerrado ni transparentado el ejercicio fiscal de 2025, bajo el pretexto de que ellos «desconocen los compromisos», es un intento de imposición vertical. Rompe el diálogo intercultural y minimiza la capacidad analítica de la comunidad, pretendiendo, en palabras de los propios afectados, «lavarles el coco».
La corresponsabilidad de los «Servidores de la Nación». El argumento esgrimido por la servidora de la nación asistente, quien se deslindó afirmando que «solo asisten a integrar el comité y no a realizar un cierre de obras», carece de validez jurídica y ética. Bajo el actual marco del artículo 1º constitucional, todo servidor público es una extensión del Estado.
Los operadores territoriales no pueden fragmentar su responsabilidad alegando ignorancia o limitación de funciones cuando se trata de la violación de derechos colectivos. Acudir a una comunidad a exigir el inicio de un nuevo ciclo administrativo (2026), mientras la institución que representan mantiene un boquete financiero de 2.5 millones de pesos del año anterior, es una incongruencia que dinamita la confianza legítima, un principio general del derecho que obliga a las autoridades a sostener la palabra empeñada ante los ciudadanos.
La retención de los funcionarios en la comunidad es el síntoma, no la causa. La causa es la violencia institucional del abandono y la simulación. Si la Secretaría de Bienestar pretende avanzar con la agenda de 2026 en la Huasteca Potosina, debe entender que la justicia social no se edifica sobre deudas financieras y promesas rotas. El delegado estatal y la delegada regional deben presentarse de inmediato en Mecatlán. No a imponer las reglas de la burocracia, sino a rendir cuentas ante la dignidad de una asamblea indígena que exige, estrictamente dentro de la legalidad constitucional, que se respete su derecho al porvenir.
¿Por cierto, y el INPI -Mario Alberto Godoy Ramos_- como garante de los derechos indígenas donde está? porque con su omisión contribuye a la vulneración de derechos.
