Juan Felipe Cisneros Sánchez / Observatorio Indígena Mesoamericano
MORENA se encuentra desarrollando sus “asambleas informativas” supuestamente “En la defensa de la transformación y soberanía nacional”, bajo un lema muy sugerente: “La patria no se vende, se defiende”. Resulta legítimo defender su proyecto político y la visión soberanista; nadie en sus cabales podría oponerse a la defensa de la nación ante la embestida de Donald Trump. Ante ello, hay que sumar. Sin embargo, hay que detenerse un poco en que, bajo esa narrativa, se pretende sacrificar a pueblos y comunidades indígenas con proyectos petroleros gubernamentales en aras de la soberanía nacional. Por lo que hay que explicar el problema.
El artículo 39 constitucional establece: «La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno». ¡Cuidado, esto es lo que señala la propia Constitución; por ende, su interpretación es básica!
La soberanía nacional no es una abstracción que flota sobre el mapa; se materializa en su población —indígena o no—, en sus leyes, en su territorio, en el suelo, el agua y los bienes naturales. Pero hay una premisa muy importante: en México, el artículo 2° de la Constitución y tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT ya reconocen que la nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellas colectividades con una continuidad histórica de las sociedades precoloniales establecidas en el territorio nacional; es decir, que anteceden al establecimiento de la nación. Los primeros en el hecho deben ser los primeros en el derecho.
Desde una perspectiva pluralista, la soberanía de un Estado democrático no es un bloque monolítico, sino que emana del pueblo. Cuando un Estado reconoce la autonomía indígena, no está «regalando» poder, sino reconociendo una preexistencia histórica. La autonomía es, en la práctica, el ejercicio de una soberanía compartida o interna: el derecho a decidir el destino propio sin romper con el pacto federal. La soberanía comunitaria indígena (expresada en sus sistemas normativos internos o «usos y costumbres») no compite con la soberanía nacional; la enriquece. Al ejercer su autogobierno, las comunidades resuelven conflictos, administran justicia y gestionan el territorio donde el aparato burocrático del Estado suele ser ineficiente o inexistente.
La pregunta fundamental en estos momentos es: ¿Es compatible la soberanía nacional con la soberanía indígena comunitaria? Considero que sí, y la segunda es el soporte de la primera.
Por ello, quienes defendemos física y políticamente el territorio frente a los intereses extractivistas extranjeros o nacionales (como las corporaciones de fracking o la minería a cielo abierto) somos las comunidades indígenas. Porque si el tejido y el territorio comunitario son despojados o destruidos, el Estado pierde el control real de sus recursos estratégicos en favor de consorcios transnacionales. Por lo tanto, la libre determinación comunitaria es la primera línea de defensa de la soberanía nacional. Recordemos que un subsuelo nacionalizado no sirve de nada si el suelo está concesionado o devastado. La verdadera soberanía no se extrae del subsuelo destruyendo el agua y la vida; se construye con ciencia, soberanía indígena comunitaria e innovación tecnológica.
A menudo, el Estado reclama la soberanía absoluta sobre el subsuelo o los recursos naturales para proyectos energéticos, mineros o de infraestructura, chocando directamente con el derecho de consulta previa y la autonomía de las comunidades para proteger su hábitat. Pero se olvida que la soberanía estatal moderna ya no se entiende como un poder único y homogéneo, sino como un marco amplio que debe albergar y respetar la autonomía política y la jurisdicción jurídica de los pueblos originarios como derechos preexistentes. La autonomía es el derecho político general a gobernarse; la jurisdicción indígena es la herramienta jurídica específica para mantener el orden y la justicia dentro de ese autogobierno en el territorio que ocupa para existir.
Lamentable e incongruentemente, MORENA en San Luis Potosí se dedica a descalificar y minimizar la información que alerta sobre la amenaza latente del fracking. Su discurso se centra en negar la técnica y estigmatizar a las resistencias indígenas y a los ambientalistas con el único fin de proteger el despojo disfrazado de soberanía, intentando ocultar la verdad porque buscan beneficiarse de la mentira. Es obvio que diversos individuos que viven de la política o del presupuesto del actual gobierno olvidan que es su obligación promover, proteger, defender y garantizar los derechos humanos e indígenas; son servidores públicos y se deben al pueblo, no a una agenda extractivista que amenaza su propia existencia.
Peor aún, las mal denominadas «asambleas informativas» de MORENA no operan bajo la lógica estatutaria de debate interno ni votación de las bases del partido, sino como actos políticos verticales de difusión, movilización y posicionamiento de candidaturas. El concepto de asamblea en MORENA aparece en el artículo 20 de su estatuto, y se conforma principalmente por los Comités de Defensa de la Transformación; nunca dice que se integra con los beneficiarios de los programas de la Federación.
Por otra parte, hay que destacar que, en el caso de las comunidades indígenas —que son sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio—, es su derecho decidir, conforme a sus sistemas normativos, sus formas internas de gobierno, convivencia y organización social, económica, política y cultural. Para ello, cuentan con su asamblea general en su jurisdicción.
MORENA o las instituciones públicas deberían convocar a una reunión informativa ciudadana, mas no a una “asamblea informativa”, pues no están actuando en el ámbito de su jurisdicción; al fin y al cabo, muchos ciudadanos no son sus afiliados. A esta anomalía se le denomina corporativismo, y el PRIAN lo normalizó. Lo preocupante es que estas cuestiones tan elementales no las tengan claras las dirigencias de la “cuarta desilusión”.
Las mal llamadas “asambleas informativas” de MORENA, ahora respaldadas por los programas de la Secretaría de Bienestar —tal como en los viejos tiempos la SEDESOL era usada para el proselitismo partidista prianista—, sirven para que los pseudolíderes del morenismo, disfrazados de “soberanistas”, llenen sus eventos “acarreando gente” a la que se le obliga a pasar lista para nutrir sus actos. Sacan la foto creyendo que les dará legitimidad para ser postulados en las elecciones próximas. Pero la legitimidad no se obtiene con fotos; se debe obtener siendo congruentes con la patria. Deberían decir la verdad al pueblo, porque hasta ahora mienten para no incomodar la agenda privatizadora y extractivista que tristemente la presidenta de la República está impulsando desde el Zócalo, incumpliendo la promesa de prohibir el fracking que AMLO sí impulsó antes de irse y que a los legisladores federales les ha temblado la voluntad política para llevar a cabo.
Los pueblos y comunidades sí estamos cumpliendo con hechos e información veraz el lema que ellos esgrimen: “La patria no se vende, se defiende”.
