San Luis Potosí, S.L.P.— La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró temporalmente actividades forestales en terrenos de los municipios de Xilitla y Santa Catarina, tras detectar derribo de árboles y cambio de uso de suelo sin los permisos correspondientes de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
En el Ejido Miramar, municipio de Xilitla, una inspección realizada el 19 de agosto permitió localizar 33 tocones de árboles derribados, correspondientes a 19 pinos, 11 encinos y tres cedros blancos, con un volumen estimado de 38.704 metros cúbicos de madera.
Los inspectores encontraron además aserrín, ramas y otros residuos que indican que parte de la madera fue procesada en el mismo sitio. También localizaron restos de madera carbonizada en una superficie de aproximadamente 8.1 metros cuadrados, con indicios de elaboración de carbón vegetal, particularmente a partir de encino.
De acuerdo con la Profepa, los tocones no presentaban marcas que acreditaran un aprovechamiento legal y durante la diligencia no fueron exhibidas las autorizaciones correspondientes de Semarnat.
Ante ello, se decretó la clausura total temporal de las actividades de aprovechamiento y extracción de recursos forestales maderables en el sitio.
El segundo caso ocurrió en Santa Catarina, donde el 13 de agosto la Profepa acudió a un predio particular denominado Rancho de Panales, luego de recibir una denuncia ciudadana por presunta tala.
Durante la inspección se detectó la remoción de vegetación en una superficie de 12 mil 118 metros cuadrados, además del aprovechamiento de árboles de encino y palo de arco.
En el terreno fueron encontrados nueve tocones, con diámetros de entre 30 y 60 centímetros, que representan un volumen aproximado de 4.684 metros cúbicos.
Al no acreditarse las autorizaciones para el cambio de uso de suelo ni para el aprovechamiento de recursos forestales, la Procuraduría también ordenó la clausura total temporal de las actividades.
La Profepa informó que en ambos casos continuará con los procedimientos administrativos correspondientes para determinar responsabilidades y las sanciones que procedan.
De acuerdo con la autoridad ambiental, el aprovechamiento de recursos forestales y el cambio de uso de suelo sin autorización constituyen infracciones a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y pueden derivar en sanciones de entre 150 y 30 mil UMA, dependiendo de las circunstancias de cada caso.
Los hechos vuelven a poner bajo la lupa la protección de los recursos forestales de San Luis Potosí, particularmente en zonas donde la tala, la extracción de madera y la transformación del territorio pueden generar impactos sobre los ecosistemas.
