Pagarán casi 1.93 millones de pesos al ejido Troncones y La Corriente; el INSUS deberá escriturar terrenos ocupados, vender lotes disponibles y destinar áreas a servicios urbanos.
CIUDAD VALLES, S.L.P.— Más de 19 hectáreas de tierras de uso común del ejido Troncones y La Corriente pasarán al Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), luego de que el Gobierno Federal decretara su expropiación para regularizar asentamientos humanos y dar certeza jurídica a las familias que viven en esos terrenos.
El decreto, publicado el 14 de octubre de 2026 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), comprende una superficie de 19 hectáreas, 21 áreas y 75 centiáreas.
Como indemnización por la afectación, se fijó un pago de 1 millón 923 mil 13 pesos con 16 centavos a favor del núcleo ejidal. Antes de ejecutar la ocupación definitiva, deberá acreditarse el pago correspondiente.
¿QUÉ PASARÁ CON LOS TERRENOS?
El documento establece tres destinos para la superficie expropiada: regularizar y titular los solares que ya ocupan habitantes de la zona, vender los lotes que permanezcan vacantes y donar espacios para infraestructura, equipamiento y servicios urbanos y municipales.
Esto significa que el procedimiento busca que las familias que habitan predios sin regularización puedan obtener documentos legales sobre su propiedad, mientras que las áreas necesarias para servicios públicos se incorporen al desarrollo urbano.
El proceso no comenzó este año. En septiembre de 2018, la asamblea general de ejidatarios autorizó al INSUS a iniciar los trámites. La solicitud formal de expropiación se presentó en febrero de 2020 y el expediente quedó instaurado en enero de 2021.
Tras los trabajos técnicos de medición, la superficie definitiva quedó establecida en 19-21-75 hectáreas. En marzo de 2026 se notificó al comisariado ejidal sobre el procedimiento y el avalúo; según el decreto, no se presentó inconformidad dentro del plazo otorgado.
El ejido ya había enfrentado otras dos expropiaciones: una en 1996, por 65 hectáreas, y otra en 2002, por una superficie cercana a 17 hectáreas.
HAY UN PLAZO PARA CUMPLIR EL OBJETIVO
El decreto contempla que, si los terrenos se destinan a una finalidad distinta o no se cumple la causa de utilidad pública en un plazo de cinco años, podrá solicitarse la reversión total o parcial de la superficie, conforme a la Ley Agraria.
Con la medida, el INSUS deberá acreditar la indemnización y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) podrá ejecutar la expropiación una vez cumplido ese requisito.
La publicación establece el procedimiento legal, pero la regularización efectiva dependerá de que se realicen los trámites posteriores para cada terreno y se cumplan los fines previstos.
