Por Porfirio M. López.
A inicios de marzo de este año, el cabildo de Ciudad Valles aprobó el cambio de denominación de la Policía Municipal y la renombró Guardia Civil Municipal. Ciudad Valles no es el único municipio que cambia el nombre de la corporación de seguridad pública, en meses pasados el cabildo de Rioverde también aprobó lo mismo. El problema no es el cambio de nombre, el problema es de capacidades institucionales locales y presupuesto.
Mas allá del cambio de denominación lo importante es analizar la situación actual de los cuerpos de seguridad local, las capacidades logísticas y operativas que despliegan en el municipio, la operación coordinada con otras instituciones de seguridad para prevenir y sancionar delitos, los mecanismos de control de confianza, la transparencia y la rendición de cuentas, el presupuesto que se le destina para pago de nómina y seguro de vida de los elementos y sobre todo si hay una métrica que indique la reducción de los delitos del fuero común en los principales municipios de las entidades.
Indicadores y encuestas nacionales reflejan la precariedad de los policías municipales, dichos elementos son los más expuestos a extorsión interna de sus jefes inmediatos, a colaboración con grupos de crimen organizado, a bajas remuneraciones, a jornadas de trabajo extenuantes, a raquíticas pensiones, a escasos procesos de acondicionamiento físico, a carencia de comedores en las corporaciones y a limitados seguros de vida.
Datos del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales 2025 elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indican la existencia de bajos niveles de certificación de policías municipales; además revela que uno de cada cinco municipios en este país no cuenta con una institución formal de seguridad pública. Paralelo a ello un tema fundamental tiene que ver con la profesionalización de los cuerpos de seguridad pública local, los procesos de certificación, la dotación de equipamiento, el acceso a tecnología y el seguimiento a elementos que desertan de las corporaciones.
El censo 2025 revela que la tasa nacional de policías municipales en México es de 1.3 elementos por cada mil habitantes; además existen municipios donde ante la ausencia de corporación de seguridad pública local, las labores de seguridad pública, prevención del delito y tránsito las realizan tropas de Guardia Nacional, Secretaría de Defensa Nacional, Secretaría de Marina, elementos de seguridad estatal y en algunos casos comités de las propias comunidades.
Un punto para destacar tiene que ver con las remuneraciones de los elementos de seguridad pública local, apenas en la primera semana de marzo el gobernador Ricardo Gallardo Cardona presumió un incremento salarial para todos los policías de la entidad. De acuerdo con la narrativa del mandatario estatal el salario de un policía municipal en San Luis Potosí debe ser de al menos 14 mil pesos mensuales. Dicha cifra es parte de las recomendaciones que ha emitido el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), pero tampoco es una garantía para tener policías ajenos a la seducción de dinero fácil producto de los vínculos con células criminales.
Ahora bien, qué pasa en ciudades como Ciudad Valles que va camino a tener más de 200 mil habitantes en los próximos años. En términos de seguridad pública habrá que notar que los delitos han ido cambiando conforme la demografía urbana se ha ido extendiendo. El municipio ha experimentado en los últimos veinte años delitos de alto impacto, presencia de células criminales, enfrentamientos armados donde se utilizan armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Ante toda esa complejidad criminal el cuerpo de policía municipal ha lucido rebasado.
Pensar que con solo cambiar la denominación de la policía municipal la percepción de la seguridad pública puede mejorar es una ilusión. El municipio cuenta con 142 policías municipales, los cuales son insuficientes para dar cobertura de seguridad en colonias y fraccionamientos. Tan solo en 2022 el alcalde David Medina Salazar ubicó las colonias La Diana, La Estación, La Pimienta, Praderas del Río, Las Águilas, El Gavilán, Vistahermosa y los fraccionamientos Carmen 1,2 y 3 como las zonas más inseguras de la ciudad.
En el actual trienio los delitos más recurrentes en el municipio han sido la extorsión y cobro de piso a comercios, el narcomenudeo, las desapariciones y la violencia al interior de los hogares el cual es el delito más persistente a nivel local de acuerdo con las autoridades encargadas del tema. A pesar de todos los esfuerzos como la dotación de más de 10 patrullas en el año 2025 y la entrega de 11 más en marzo de este año, además de equipo táctico y motos, la limitada cobertura de seguridad pública es notable cuando ocurren delitos.
Puede cambiar la denominación de la policía municipal, pero el problema de fondo persiste, se puede cambiar el color del uniforme, el rotulado de las patrullas y demás cuestiones que sirven para tomarse la fotografía y presumirla en redes; pero la realidad de la policía municipal sigue siendo precaria. Como revela un informe de México Evalúa denominado “Policía desprotegida. Ruta para su dignificación laboral” 8 de cada 10 policías municipales no cuentan con crédito a la vivienda, ni seguridad social, lo cual los condena a la pobreza patrimonial.
En síntesis, a nivel local es donde el ciudadano observa y padece los delitos, en el caso de México es en el municipio donde suceden delitos de fuero común y de alto impacto. El país lleva desde 2010 intentando profesionalizar, evaluar y certificar policías municipales por medio de reformas legislativas, la historia reciente indica que a pesar de todos los esfuerzos y de los cambios de denominación de la policía, la criminalidad va ganando terreno a nivel local en muchas regiones del país, va ocupando territorio y con ello desangrando al tejido social, imponiendo su ley de plata o plomo y cooptando elementos, instituciones de seguridad pública y Ayuntamientos completos. Ejemplos de lo anterior sobran.
