Huasteca Potosina.- La Contraloría Autónoma del Agua de la Huasteca Potosina (CAAHP) denunció que Petróleos Mexicanos (PEMEX) inició gestiones ante diversos ayuntamientos de la Huasteca para obtener autorización relacionada con el resguardo y uso de material explosivo destinado a trabajos de exploración petrolera, una acción que, asegura la organización, contradice el compromiso del Gobierno Federal de no impulsar el fracking mientras continúa el análisis técnico sobre su viabilidad.
De acuerdo con el pronunciamiento, la empresa productiva del Estado renovó ante la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) un permiso para utilizar durante 2026 190 toneladas de explosivos de alto poder, 500 metros de cordón detonante, 195 mil iniciadores y mil piezas de ciclonita, material que presuntamente sería empleado en actividades de exploración y extracción de hidrocarburos.
La organización sostiene que los primeros trabajos estarían proyectados en cuatro comunidades de los municipios de San Antonio y Tanlajás, así como en tres puntos de Ébano. Además, asegura que el Plan Estratégico PEMEX 2025-2035 contempla operaciones en al menos otros 14 municipios de la Huasteca Potosina, motivo por el cual, afirman, ya comenzaron a enviarse oficios similares a distintas administraciones municipales.
La CAAHP cuestionó que estas acciones se realicen cuando, según refiere, aún no se conocen las conclusiones del comité de especialistas encargado de evaluar la viabilidad del fracking, proceso promovido por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
En su posicionamiento, la organización recordó que durante las movilizaciones sociales registradas entre 2014 y 2018, comunidades indígenas, organizaciones civiles y diversos sectores productivos manifestaron su rechazo a esta técnica de extracción por considerar que representa riesgos para el agua, el medio ambiente, la salud y las actividades económicas de la región.
Asimismo, hizo un llamado a los ayuntamientos para que nieguen cualquier autorización relacionada con el uso de explosivos, el cambio de uso de suelo o la instalación de infraestructura destinada a proyectos de exploración y extracción de hidrocarburos, argumentando que los municipios cuentan con facultades para proteger su territorio.
Finalmente, la Contraloría Autónoma del Agua convocó a comunidades indígenas tének y náhuatl, productores agropecuarios, prestadores de servicios turísticos, organizaciones civiles y ciudadanía en general a mantenerse atentos y participar en las acciones pacíficas que se convoquen para la defensa del territorio, al tiempo que pidió al Gobierno Federal escuchar tanto a las comunidades como a la comunidad científica antes de tomar una decisión definitiva sobre el uso del fracking en la Huasteca Potosina.
