Darío Almazán Hernández
Ciudad Valles.- En la Huasteca potosina, donde el campo es aún lucha diaria, un edificio resume más de dos décadas de promesas incumplidas: el Centro de Acopio Regional para Productores de la Huasteca (CARP), una obra pública que nunca operó y de la que hoy no existe claridad sobre su origen, costo ni responsables.
Levantado con infraestructura que incluía cuartos fríos, bodegas amplias y espacios para la comercialización agrícola, el proyecto buscaba resolver un problema histórico: la falta de condiciones para almacenar y vender productos sin intermediarios. La intención era reducir pérdidas, mejorar precios y fortalecer la economía rural. Nada de eso ocurrió.
Hoy, el inmueble permanece en abandono. Presenta deterioro estructural, saqueo parcial de equipamiento y un uso nulo. Para los habitantes de la zona, el sitio es un “elefante blanco” que nunca cumplió su función y que, con el paso del tiempo, se convirtió en símbolo de omisión institucional.
Una revisión de archivos periodísticos locales, así como testimonios de pobladores y productores, revela un vacío preocupante: no hay registros públicos accesibles que permitan identificar con precisión qué administración impulsó la obra ni bajo qué esquema fue financiada. El rastro documental se diluye entre versiones, mientras crecen las dudas.
Por el tipo de infraestructura y el modelo planteado, se presume que el centro fue construido entre finales de los años noventa y principios de los dos mil, en el contexto de programas estatales y federales que promovieron instalaciones similares en distintas regiones del país. Muchos de esos proyectos, como en este caso, nunca entraron en operación.
Mientras tanto, la realidad para los productores no ha cambiado. Siguen enfrentando bajos precios, falta de espacios de conservación y dependencia de intermediarios. Lo que debió ser una solución se convirtió en un recordatorio permanente de las carencias.
“Ahí está, nomás echándose a perder”, resume un habitante de la zona. La frase condensa el sentir colectivo: una obra visible, costosa y, al mismo tiempo, inútil.
El caso expone no solo abandono, sino una falla estructural en la rendición de cuentas. ¿Cuánto dinero público se invirtió? ¿Quién autorizó la construcción? ¿Por qué nunca operó? A más de 20 años, ninguna autoridad ha ofrecido respuestas claras.
El Centro de Acopio Regional no es solo un edificio en ruinas. Es evidencia de cómo un proyecto público puede desaparecer en la opacidad, mientras el campo huasteco sigue esperando infraestructura que sí funcione.
Al respecto el líder de la de la CIOAC, (Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos) Pedro González Gómez, quien destacó al respecto sobre esta infraestructura en el olvido.
La infraestructura agrícola en la Huasteca Potosina se está convirtiendo en símbolo del abandono. Lo que en su momento se proyectó como una red de apoyo para pequeños productores —centros de acopio estratégicamente ubicados en zonas como Pujal-Coy— hoy permanece subutilizado o completamente ocioso.
González Gómez, advierte que el problema no es menor. De acuerdo con su postura, estos espacios terminan siendo inaccesibles para la mayoría del campo, ya que solo los grandes productores, quienes cuentan con capital, maquinaria y logística propia, podrían aprovecharlos. Sin embargo, estos mismos actores ya operan con bodegas privadas o mantienen contratos directos con grandes compradores, como Segalmex, dejando fuera a los pequeños y medianos campesinos.
La consecuencia, subraya, es una red de infraestructura abandonada mientras el campo local enfrenta una de sus etapas más críticas. En los últimos años, la falta de créditos, apoyos técnicos y políticas efectivas ha derivado en parcelas improductivas y en un progresivo retiro de productores.
En contraste, añade, a nivel nacional se mantiene la autorización para la importación masiva de granos, particularmente maíz y sorgo, en muchos casos de origen transgénico. Aunque oficialmente estos productos están destinados al consumo animal, en la práctica su distribución toma otro rumbo.
El grano ingresa por puntos logísticos clave como Puerto de Tampico, desde donde es transportado en góndolas y tráileres hacia bodegas rentadas o centros de almacenamiento vinculados a la industria alimentaria. Posteriormente, parte de este producto es reempacado y distribuido en mercados locales de la Huasteca.
Según el líder social, el fenómeno tiene implicaciones profundas: comunidades indígenas y población mestiza terminan consumiendo, de manera cotidiana, maíz de origen transgénico, ya sea a través de tiendas rurales o en productos básicos como la tortilla.
Así, concluye Pedro González Gómez, mientras los centros de acopio se oxidan en el abandono, el flujo de grano importado no se detiene, evidenciando una política agrícola que, lejos de fortalecer la producción local, ha terminado por desplazarla silenciosamente.
Frente al abandono de infraestructura agrícola en la Huasteca Potosina, surgen también posturas que apuntan a la necesidad de replantear su uso antes de desecharla por completo.
El dirigente del Congreso Agrario Permanente (CAP) Alejandro Arechar Castrellón, reconoció que no se cuenta con un diagnóstico claro sobre la operación del centro de acopio en la región. Sin embargo, consideró que antes de emitir juicios, es fundamental analizar el contexto productivo de la zona.
“Sería importante revisar qué es lo que realmente se está produciendo en los alrededores, para poder darle utilidad a ese espacio”, señaló. Desde su perspectiva, estos centros podrían servir como puntos estratégicos para que los productores almacenen, empaqueten o comercialicen sus cosechas, siempre y cuando exista una planeación adecuada.
Arechar Castrellón planteó que uno de los principales retos es la falta de estudios técnicos que permitan vincular la producción local con la infraestructura existente. Sin esta información, dijo, los centros de acopio difícilmente podrán cumplir su función.
“Se necesita hacer un estudio serio para saber qué se produce, en qué volumen y cómo se puede colocar en el mercado. Solo así se puede ofrecer una opción real a los productores”, explicó.
El líder campesino insistió en que la intervención del gobierno federal es clave, no solo en la rehabilitación de estos espacios, sino en la generación de estrategias que garanticen su aprovechamiento.
Su postura contrasta con otras voces que denuncian el abandono del campo, pero coincide en un punto central: sin planeación, inversión y diagnóstico, la infraestructura seguirá sin cumplir el objetivo para el que fue creada.
