Tribunal les dio ultimátum a los diputados y advierte sanciones
San Luis Potosí, S.L.P.– A pesar de una sentencia judicial y de haber tenido tres meses para acatarla, el Congreso del Estado todavía no cumple de manera integral con la armonización de las leyes que garantizan los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, por lo que el Tribunal Electoral del Estado le otorgó un nuevo plazo para corregir el incumplimiento.
Mediante el Acuerdo Plenario TESLP/JDC/04/2026, el Tribunal determinó que las acciones realizadas por el Poder Legislativo resultan insuficientes para dar por cumplida la sentencia emitida el pasado 24 de marzo, la cual ordenó adecuar la legislación estatal a la reforma federal en materia de derechos indígenas.
Aunque los diputados modificaron el artículo 9 de la Constitución Política del Estado y publicaron los cambios en el Periódico Oficial, los magistrados concluyeron que la medida representa apenas un avance parcial y no la armonización integral que exige la resolución judicial.
La reforma federal reconoce a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica propia y facultades de autogobierno, derechos que todavía no se encuentran plenamente reflejados en el marco normativo potosino.
Durante el proceso, el Congreso argumentó limitaciones presupuestales para justificar la falta de avances completos. Sin embargo, el Tribunal rechazó ese planteamiento al considerar que los obstáculos económicos no pueden utilizarse como pretexto para incumplir resoluciones relacionadas con derechos humanos.
La autoridad electoral recordó que existe jurisprudencia federal que obliga a las instituciones públicas a realizar todas las gestiones necesarias para garantizar el cumplimiento de las sentencias, especialmente cuando están involucrados derechos fundamentales de grupos históricamente vulnerables.
El acuerdo establece que el Congreso deberá presentar antes del 23 de junio pruebas documentales que acrediten avances concretos en el proceso de armonización legislativa. De lo contrario, los magistrados advirtieron que podrán imponer medidas de apremio para obligar al cumplimiento de la resolución.
La determinación fue aprobada por unanimidad por las magistradas Dennise Adriana Porras Guerrero y María Carolina López Rodríguez, así como por el magistrado Sergio Iván García Badillo.
El caso mantiene especial relevancia para las comunidades indígenas y afromexicanas de San Luis Potosí, ya que la adecuación de las leyes locales es considerada un paso indispensable para que los derechos reconocidos en la Constitución federal puedan aplicarse de manera efectiva y no permanezcan únicamente en el discurso legal.
