Juan Felipe Cisneros Sánchez /Observatorio Indígena Mesoamericano
Mientras el auditorio se tiñó con el color de la campaña, el presídium fue acaparado por alcaldes de la región Huasteca, servidores públicos del estado y la inoperante presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos —quien no ha hecho nada para proteger los derechos indígenas—. Las demandas de autonomía, un presupuesto digno y la amenaza de PEMEX quedaron fuera de la agenda del magno evento.
El 28 de mayo del presente año se llevó a cabo la toma de protesta del Consejo Consultivo del Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas (INDEPI) para el periodo 2026-2029. Sin embargo, detrás de la narrativa oficial de inclusión, se construyó un «simulacro político» que revivió las prácticas del añejo paternalismo estatal.
A pesar de que los protagonistas debieron ser los representantes de las comunidades originarias, ningún consejero indígena tuvo voz en el micrófono durante el segmento principal. El diseño del evento los relegó a ser meros espectadores en las gradas, mientras el Gobernador del Estado centraba el protagonismo en las autoridades municipales, integrantes de su gabinete, legisladores, representantes del poder judicial y de derechos humanos.
Durante su intervención, el mandatario estatal presentó la instalación del Consejo como una innovación histórica de su gestión. No obstante, la memoria legislativa contradice el discurso oficial: el INDEPI y su Consejo Consultivo son el resultado de una histórica lucha comunitaria que cristalizó desde 2011 con su Ley de Creación, cuyo artículo 9° mandata explícitamente la existencia de este órgano consultivo.
A la par del discurso de celebración, la realidad financiera del instituto cuenta otra historia. Hay que recordar que, en años previos, la actual administración del estado ha mantenido asfixiada presupuestalmente a la institución insignia de la atención a las comunidades indígenas, reduciendo sus recursos en más de la mitad (dejándolo con apenas 10 millones de pesos). Esta limitación económica ha dejado al organismo inerte, sin capacidad operativa real y con una baja incidencia para atender las demandas de los pueblos y comunidades.
Los datos más recientes del INEGI y del Consejo Estatal de Población (COESPO) confirman que la pobreza, la marginación y la discriminación en las zonas indígenas de San Luis Potosí continúan prevaleciendo; esto configura una deuda histórica que ni el gobierno federal ni el estatal han logrado revertir, a pesar de sus promesas.
El discurso oficial redujo el «desarrollo integral» al simple mantenimiento carretero, omitiendo demandas de fondo como:
Incumplimiento de sentencias: Se pasó por alto la sistemática prórroga del Poder Ejecutivo y del Congreso local para armonizar las leyes estatales indígenas. Siguen en la «congeladora legislativa» las sentencias judiciales y acciones de inconstitucionalidad que obligan al Estado a permitir la transición del sistema ordinario de partidos políticos al sistema normativo de elección por usos y costumbres, así como la elemental armonización entre las disposiciones federales en materia indígena y las leyes reglamentarias que las integran.
Hacienda Comunitaria: Tampoco se abordó el derecho constitucional (artículo 2°) a la transferencia directa de recursos económicos de los municipios y del propio gobierno del estado a las comunidades, un mecanismo clave para que los propios pueblos administren su presupuesto sin depender del intermediarismo político.
El olvido más crítico del evento fue la total omisión del Plan Estratégico de PEMEX, el cual proyecta zonas de exploración y explotación de gas y petróleo que se superponen directamente con territorios indígenas del estado.
Bajo la narrativa de la «soberanía energética», las comunidades indígenas han denunciado sistemáticamente que se pretende sacrificar sus recursos naturales y derechos humanos.
Debido a que nunca se les consulta de buena fe y en tiempo y forma, han determinado no dar consentimiento alguno a tales proyectos extractivos. El silencio del Gobernador ante este escenario de despojo territorial dejó en claro cuáles son las prioridades de la agenda pública del gobierno estatal: la Gubernatura, no los derechos.
El acto político de este día dejó una postal contradictoria: un Consejo Consultivo recién jurado ante la ley, pero maniatado por el control político y la asfixia presupuestal. Un evento donde los pueblos originarios volvieron a ser el adorno de una fotografía oficial, mientras su agenda continúa en el refrigerador legislativo y sus tierras siguen amenazadas por el fracking.
