Rigoberto González
En Ciudad Valles la violencia contra las mujeres no es un tema nuevo ni un pendiente reciente, desde 2017, cuando se declaró la Alerta de Violencia de Género, el municipio recibió una instrucción clara: corregir fallas estructurales, garantizar justicia y prevenir agresiones letales, ocho años después, y pese a discursos, campañas y cambios de gobierno, la alerta sigue exactamente donde estaba.
Lo más grave es que el actual alcalde, David Armando Medina Salazar, ya no puede hablar de “herencia” o “problemas pasados”, no sólo llegó con promesas de cambio; también fue reelecto.
Con cuatro años al frente del municipio, su administración ya tiene el tiempo suficiente para mostrar resultados… pero no los hay y, la persistencia de la alerta de género lo confirma.
Una alerta de género no se levanta con moños morados, conferencias de prensa ni jornadas de fotos con consignas institucionales, se levanta con acciones verificables: investigaciones efectivas, sentencias, refugios funcionando, policías capacitados y programas de prevención medibles.
Ninguna de esas áreas muestra avances contundentes. La propia declaración pública del Alcalde -“nos faltó para conseguir el levantamiento de la alerta”- exhibe una realidad incómoda: no cumplieron con lo exigido.
La pregunta es inevitable: ¿no ha podido o no ha querido?
Y aquí aparece un tema que pocos funcionarios se atreven a tocar: la alerta de género significa recursos, programas federales, proyectos etiquetados, dinero que fluye mientras la alerta permanezca activa.
Levantarla implicaría demostrar que ya no se necesita ese respaldo extraordinario. Mantenerla, en cambio, garantiza la continuidad de esos fondos, a estas alturas, parece más rentable administrarla que resolverla.
El periodo que corresponde a la administración de David Medina tampoco ayuda a su defensa, de 2021 a la fecha, la violencia letal contra mujeres en el municipio no desapareció; los feminicidios documentados, las carpetas abiertas, las agresiones mediáticas y los casos que llegaron a nivel estatal siguen mostrando que el problema no retrocede de forma sustancial.
Las detenciones aisladas no compensan la falta de política pública sólida.
Ciudad Valles no ha logrado demostrar una disminución sostenida del riesgo, no hay garantías de protección integral, ni protocolos de prevención funcionando con rigor, ni un sistema de justicia que genere confianza.
De hecho, las voces especialistas y organismos estatales han repetido lo mismo: los indicadores no se han cumplido, por eso la alerta sigue activa.
La administración insiste en que han hecho “mucho”, pero en un tema como este, el “mucho” se mide en vidas salvadas, no en eventos protocolarios.
La verdad es que las mujeres vallenses siguen sin sentir un cambio real, y la autoridad municipal no ha logrado —o no ha querido— construirlo.
Cuatro años después, cuatro presupuestos después, un proceso de reelección después, Ciudad Valles sigue exactamente en el mismo punto: con una alerta de género encendida que habla más fuerte que cualquier discurso oficial.
La responsabilidad política es del alcalde David Medina Salazar. La consecuencia la viven las mujeres y el 25N vuelve a recordarnos que mientras el gobierno municipal siga administrando la alerta en lugar de resolverla, el riesgo seguirá siendo parte de la vida diaria en Ciudad Valles.
La pregunta queda sobre la mesa, tan dura como necesaria:
¿Cuánto más se va a prolongar esta alerta… por incapacidad o por conveniencia?
