Uzías Mico/Reportero
Nuevo León, México.- En medio de una crisis persistente en temas de seguridad, movilidad y calidad de vida en Nuevo León, el gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda y su esposa Mariana Rodríguez Cantú, están en el centro de la polémica tras revelarse un incremento explosivo en su gasto en publicidad digital.
De acuerdo con datos difundidos recientemente, la pareja habría destinado cerca de 19 millones de pesos en tan solo tres meses para promocionarse en plataformas como Facebook e Instagram, una cifra que no solo resulta elevada, sino que además representa un aumento de más del 100 por ciento en comparación con periodos anteriores.
El desglose exhibe un dominio absoluto: Más de 12 millones de pesos gastados por el mandatario estatal y más de 6 millones por su esposa, colocándolos muy por encima de cualquier otro actor político en la entidad.
Mientras tanto, el resto de figuras públicas apenas alcanza cifras marginales frente al despliegue económico del matrimonio.
La situación ha encendido críticas por lo que muchos consideran un uso desmedido de recursos —aunque se argumente que son privados— en un momento donde amplios sectores de la población enfrentan problemas reales que demandan atención urgente.
El contraste resulta inevitable: mientras ciudadanos lidian con inseguridad, transporte público deficiente, de mala calidad y alto cobro en el costo del boleto, así como servicios saturados, la estrategia digital del Gobierno está enfocada en reforzar la imagen personal y política de sus principales figuras, con campañas constantes, posicionamiento en redes y presencia pagada prácticamente permanente.
La pregunta que comienza a instalarse en la conversación pública es directa: ¿se está gobernando para resolver problemas o para construir una narrativa digital?
Hasta ahora, ni Samuel García ni Mariana Rodríguez han dado una explicación puntual que justifique el crecimiento acelerado de este gasto, lo que alimenta aún más la percepción de opacidad y desconexión con la realidad que viven miles de ciudadanos en el Estado.
El derroche en redes, lejos de pasar desapercibido, se perfila como un nuevo frente de desgaste político en un momento clave rumbo a las elecciones.
