Tribunal Electoral exhibió al Congreso y ordenó reformar la Constitución local
San Luis Potosí, SLP.– Después de casi cinco años de retraso, el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí ordenó al Congreso del Estado de San Luis Potosí reformar la Constitución local para incluir la figura de revocación de mandato, mecanismo que permitiría a la ciudadanía decidir mediante votación si un gobernador debe dejar el cargo antes de terminar su periodo.
La resolución fue emitida el 12 de mayo de 2026 dentro del expediente TESLP/JDC/08/2026, donde los magistrados determinaron que el Congreso incurrió en una omisión legislativa absoluta al no cumplir, desde 2021, con la obligación establecida en la Constitución federal.
La llamada revocación de mandato es un mecanismo de participación ciudadana que permite a la población votar para decidir si un gobernante continúa o no en el poder. No se trata de una elección tradicional, sino de una consulta donde los ciudadanos responden si el mandatario “se queda o se va”.
Todo comenzó en diciembre de 2019, cuando la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó reformas constitucionales para reconocer este derecho a nivel nacional y obligó a los congresos estatales a hacer lo mismo con sus gobernadores. El plazo vencía en junio de 2021, pero en San Luis Potosí los diputados simplemente no realizaron las modificaciones.
La demanda fue promovida por la ciudadana indígena Tének Cenorina Bernal Fernández, quien argumentó que el Congreso estaba negando a los potosinos un derecho político fundamental al no actualizar la Constitución estatal.
El Tribunal le dio la razón y concluyó que el Poder Legislativo no realizó ninguna acción concreta para cumplir con el mandato federal, pese al tiempo transcurrido.
Para entenderlo de forma sencilla, los magistrados compararon la omisión con alguien que sabe que debe cumplir una obligación importante y simplemente deja pasar los años sin hacer nada. En términos legales, eso se conoce como “omisión legislativa absoluta”.
Ahora, el Congreso local tendrá un plazo de 180 días para aprobar las reformas necesarias y garantizar el derecho ciudadano a solicitar la revocación de mandato del titular del Poder Ejecutivo estatal. Además, deberá informar al Tribunal, en un plazo de 72 horas después de cumplir, las acciones realizadas y presentar pruebas.
La resolución también advierte que, si los diputados vuelven a ignorar el tema, podrían enfrentar nuevas consecuencias legales.
Con esta decisión, el Tribunal puso sobre la mesa un tema que durante años permaneció congelado: el derecho de la ciudadanía a retirar del cargo a un gobernador antes de concluir su mandato si así lo decide la mayoría.
