Por Porfirio M. López.
Desde hace muchos años la practica de extracción de hidrocarburos conocida coloquialmente como “fracking” ha estado al acecho de la huasteca potosina y ahora en 2026 de nueva cuenta el debate está en la agenda de numerosas comunidades y organizaciones de la sociedad civil derivado del plan 2025-2030 presentado por Petróleos Mexicanos (Pemex) el cual considera la exploración mediante la citada práctica.
¿Qué es el fracking? Es una técnica para extraer de las profundidades del suelo gas natural y petróleo mediante la inyección a alta presión de agua y químicos mezclados, mismos que después son devueltos a la superficie para ser alojados en depósitos de aguas residuales, ello se conoce en el mundo de la exploración y perforación energética como fractura hidráulica y en muchos países esa práctica está causando daños terribles a los ecosistemas y a la salud humana.
Dicha técnica es utilizada por las empresas petroleras británicas desde los años 50 de siglo pasado, mientras que países como Estados Unidos han utilizado los avances tecnológicos en el sector energético para que las empresas del sector puedan emplear el fracking para ampliar su capacidad y su suministro energético en las últimas décadas. A manera de ejemplo, British Petroleum (BP), Shell, Exxon Mobil, PetroChina, Chevron, Total Energies son las empresas energéticas globales operadoras y lideres en el ramo, mismas que utilizan los servicios de compañías como Halliburton, Schlumberger ahora conocida como SLB, Weatherford, Calfrac y Tenaris las cuales se han especializado en técnicas de fracking y están presentes en diversos países petroleros del mundo.
Existen en la última década numerosos estudios académicos que evidencian el perjuicio causado por el uso de fracking, por ejemplo, la Sociedad Medica de Massachusetts alertó sobre los componentes tóxicos utilizados en la perforación que generan severos daños al organismo humano; la Royal Society ha sido enfático en los daños al medio ambiente, la salud y la seguridad causados por el fracking; la Universidad de Pensilvania a través del centro de toxicología ha alertado sobre la toxicidad potencial de las aguas residuales utilizadas en la fracturación hidráulica.
Así como esos estudios existen numerosos reportes de investigación que muestran los graves daños en países de América Latina como Argentina, Colombia, Brasil, Bolivia y México donde a pesar de diversas protestas sociales existen proyectos gubernamentales enfocados en fracking que ponen en riesgo a centros urbanos y comunidades rurales e indígenas.
En el caso específico de la huasteca potosina, veracruzana y la parte de la sierra poblana existe desde hace años el proyecto denominado originalmente Paleocanal de Chicontepec y ahora redefinido como Aceite Terciario del Golfo (ATG). Pese a que en diversos momentos el anterior sexenio 2018-2024 presidido por Andrés Manuel López Obrador y el actual gobierno federal que encabeza Claudia Sheinbaum Pardo se han comprometido verbalmente con las comunidades originarias a no permitir el fracking, la realidad indica lo contrario.
Durante el sexenio 2018-2024 se asignaron miles de millones de pesos a diversos proyectos que requerían fracking; en el año 2018 se asignaron 6,575 millones de pesos, en 2019 8,519 millones de pesos, en 2020 13,430 millones de pesos, en 2021 se redujo a 5,412 millones de pesos, para 2022 hubo otro repunte presupuestal que alcanzó los 16,739 millones de pesos, en 2023 se redujo de nuevo a 8,208 millones de pesos y cerró el 2024 con un presupuesto asignado de 4,063 millones de pesos.
Ya durante el ejercicio presupuestal presentado en el actual sexenio, el presupuesto federal 2025 destinó 2,423 millones de pesos para el proyecto ATG, el proyecto Burgos tuvo asignados 2,266 millones de pesos, el Proyecto Integral Veracruz (PIV)7,420 millones de pesos y el Proyecto Miquetla tuvo presupuestados 256 millones de pesos.
Apenas en febrero de este año Sheinbaum Pardo declaró que el uso del fracking estaba en análisis científico y en sintonía el director de Petróleos Mexicanos (PEMEX) Víctor Rodríguez Padilla ha negado el uso de la fractura hidráulica; pero documentos oficiales de Petróleos Mexicanos consideran de forma anticipada una inversión de más de 4,000 millones de pesos para proyectos como el ATG y Burgos, así como otros en desarrollo en Veracruz bajo el argumento de alcanzar la autosuficiencia energética.
Debido a lo anterior, cobra relevancia el Tercer Foro Regional No al Fracking: en defensa del territorio, el agua y la vida, celebrado en días pasados el 28 de febrero en Axtla de Terrazas donde organismos de sociedad civil, miembros de las comunidades indígenas nahuas y tenek y expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) expusieron los graves riesgos medioambientales para la región en caso de expandirse la exploración y la perforación en las comunidades de la región huasteca.
La lucha de las organizaciones de la sociedad civil y de las comunidades indígenas en la huasteca no es nueva, vienen alertando sobre los daños del fracking desde el sexenio de Enrique Peña Nieto cuando se presentaron las rondas energéticas contenidas en la reforma al sector, la lucha se mantuvo durante el sexenio de López Obrador y se ha reactivado ahora que el actual gobierno federal ha decidido invertir de nuevo en proyectos de fractura hidráulica. Mucho se tendrá que hacer sobre todo a nivel local donde las grandes empresas llegan a pedir permisos, la resistencia civil se tendrá que mantener para evitar que el agua se contamine -aún más- con elementos químicos y sobre todo existe mucho quehacer para que esa práctica no perjudique la estabilidad social y la salud de las comunidades originarias.
