La renuncia de Alejandro Gertz Manero a la Fiscalía General de la República (FGR) no es el retiro de un hombre cansado; es la ejecución de la última fase de una operación quirúrgica para blindar la impunidad y consolidar el poder absoluto. No estamos ante un relevo administrativo, sino ante la captura final del Estado mexicano.
La salida de Gertz ocurre con una sincronía sospechosa, casi cinematográfica. Sucede justo cuando las investigaciones sobre el «Huachicol Fiscal» y los nexos del grupo criminal «La Barredora» en Tabasco comenzaban a apuntar peligrosamente hacia la cúpula del poder político, específicamente hacia el círculo del exsecretario de Gobernación y actual líder legislativo, Adán Augusto López Hernández.
Informes de inteligencia militar filtrados en el pasado (Guacamaya Leaks) ya vinculaban a funcionarios de seguridad nombrados por Adán Augusto con esta célula de un conocido grupo criminal. Que el Fiscal General se «retire» justo cuando estos expedientes amenazaban con abrirse no es coincidencia; es supervivencia política.
La jugada maestra, orquestada desde las sombras por el propio Adán Augusto, es clara: limpiar el camino para que la presidenta Claudia Sheinbaum imponga a su incondicional, la ex fiscal de la CDMX, Ernestina Godoy. Con Godoy en la FGR, se cierra el círculo de protección. Se garantiza que las carpetas de investigación contra los «amigos del régimen» se archiven definitivamente, mientras que la Fiscalía se convierte en el brazo armado para perseguir a la disidencia.
Pero el panorama es aún más aterrador si abrimos el lente.
Hoy, Morena no solo controla el Poder Ejecutivo con Sheinbaum y el Legislativo con sus mayorías calificadas. Tras la reciente y polémica reforma judicial y la última votación que aniquiló la independencia de la Corte, han obtenido la llave maestra del autoritarismo: la eliminación de la «Cosa Juzgada».
La nueva facultad que permitiría reabrir casos ya cerrados es la herramienta más peligrosa que se ha legislado en la historia moderna de México. Esto destruye la seguridad jurídica. Significa que nadie —ningún ciudadano, empresario, periodista o rival político— está a salvo. Si fuiste absuelto en el pasado, el nuevo régimen puede volverte a juzgar hasta obtener el veredicto que desean. Es la legalización de la persecución eterna.
Estamos presenciando la muerte de la división de poderes
Ejecutivo: Centralizado y militarizado.
Legislativo: Convertido en una oficialía de partes que aprueba reformas constitucionales al vapor.
Judicial: Ahora sometido y politizado, listo para validar cualquier atropello.
México ha dejado de transitar por la delgada línea de la democracia imperfecta para entrar de lleno en el terreno de la dictadura forzada. No es una dictadura militar clásica, es una tiranía institucional. Han cambiado las leyes para que lo ilegal sea legal.
El mensaje es escalofriante: el grupo en el poder no solo busca gobernar; busca perpetuarse y asegurar que sus crímenes —desde el huachicol hasta los pactos con el crimen organizado— queden enterrados bajo la alfombra de una Fiscalía a modo.
La renuncia de Gertz no es el fin de una era, es el comienzo de la noche más oscura para la justicia en México. Ya no hay contrapesos, si es que alguna vez los hubo. «El Estado soy yo», dicen, y ahora tienen la ley y las armas para demostrarlo.
