HUASTECA POTOSINA, S.L.P.– La exclusión de la cuenca Tampico-Misantla de los proyectos de explotación de gas no convencional mediante fracking representa un avance, pero no garantiza por sí sola que esta práctica quede definitivamente fuera de la Huasteca Potosina, advirtió la Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina (COCIHP).
A través de un posicionamiento firmado por Rogel del Rosal Valladares, la organización reconoció la decisión del Gobierno Federal de aceptar la recomendación del comité científico que consideró social y ambientalmente inviable el desarrollo de fracking en esta cuenca, pero sostuvo que ahora debe darse el siguiente paso: convertir esa decisión política en una prohibición jurídicamente vinculante.
La organización cuestionó además que el Plan Estratégico de Pemex 2025-2035 contemple actividades relacionadas con la exploración y extracción de hidrocarburos en yacimientos de geología compleja y no convencionales, conceptos que, a su juicio, podrían abrir la puerta al desarrollo de esta actividad bajo otra denominación.
Por ello, la COCIHP consideró insuficiente que funcionarios y dirigentes políticos nieguen que haya existido una intención de desarrollar fracking en la región y llamó a mantener una postura crítica frente a cualquier proyecto que pueda representar una amenaza para el territorio huasteco.
El movimiento social, parte de la decisión
La organización también sostuvo que la exclusión de Tampico-Misantla no debe atribuirse únicamente al trabajo del comité científico.
En su posicionamiento, afirmó que detrás de la decisión existe una historia de movilización de pueblos y comunidades indígenas, organizaciones campesinas, investigadores y colectivos que durante años han defendido el territorio frente a proyectos de explotación de hidrocarburos.
Recordó particularmente el movimiento surgido después de la reforma energética de 2013 y el compromiso expresado públicamente por el entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador, quien el 5 de octubre de 2018 afirmó que el fracking no sería permitido en San Luis Potosí ni en México.
La COCIHP considera que la organización comunitaria, la participación de las asambleas, la investigación científica y la presión social contribuyeron a colocar el tema en la agenda nacional.
El posicionamiento destaca además el trabajo científico realizado para documentar las condiciones ambientales, sociales y culturales de la región, particularmente la presencia de pueblos indígenas, la densidad poblacional y la sensibilidad de los ecosistemas.
Ahora buscan un blindaje legal
La organización dejó claro que su objetivo no termina con el anuncio federal.
Su siguiente exigencia es que la decisión de excluir Tampico-Misantla del fracking se convierta en un decreto que otorgue certeza jurídica a la región y que esté acompañado por medidas que garanticen los derechos humanos y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas.
Pero la COCIHP va más allá: exige al Poder Legislativo acelerar la discusión de una reforma constitucional para prohibir el fracturamiento hidráulico en todo México.
La organización considera que solamente una prohibición constitucional permitiría evitar que futuras administraciones puedan modificar la política energética y abrir nuevamente la puerta a esta técnica.
367 asambleas y 17 municipios, el siguiente frente
La lucha, según el posicionamiento, también continuará desde las comunidades.
La COCIHP plantea fortalecer el proceso de información y organización para alcanzar las 367 asambleas comunitarias contempladas dentro de su estrategia y avanzar en la obtención de actas de Cabildo de los 17 municipios involucrados, con el objetivo de que los gobiernos municipales establezcan una postura contra cambios de uso de suelo que pudieran facilitar proyectos relacionados con la explotación de hidrocarburos no convencionales.
La intención es construir una red de decisiones comunitarias y municipales que fortalezca la defensa del territorio desde distintos niveles.
Para la organización, la discusión sobre el fracking no puede reducirse únicamente a una cuestión energética.
Está relacionada con el agua, los ecosistemas, los pueblos indígenas, la propiedad y uso del territorio y el futuro económico y social de la Huasteca Potosina.
La exclusión de Tampico-Misantla representa así un punto de avance para quienes durante años han rechazado el fracking, pero también abre una nueva etapa de la lucha.
El mensaje de la COCIHP es contundente: la Huasteca ganó una batalla, pero todavía busca ganar la guerra jurídica para impedir que el fracking pueda regresar.
