Juan Felipe Cisneros Sánchez / Observatorio Indígena Mesoamericano.
En una reciente declaración a medios de comunicación y en un despliegue de condescendencia que raya en el racismo institucional y la abierta mala fe, la diputada local de Morena y presidenta de la Comisión del Agua del Congreso del Estado, Nancy Jeanine García Martínez, ha decidido que los pueblos y comunidades indígenas de la Huasteca Potosina sufren de ignorancia colectiva. Para la legisladora, las alertas, foros y movilizaciones de las comunidades en defensa de su territorio no son un ejercicio legítimo de resistencia, sino simples «especulaciones» de gente desinformada a la que ella, desde su curul, tiene que ir a «actualizar».
El mensaje no tiene nada de ingenuo. Al asegurar que «no existe información oficial que confirme la aplicación de proyectos de fracking» y pedir de manera patronal «informar bien a las comunidades», la diputada utiliza una vieja y peligrosa estrategia: criminalizar y deslegitimar a los defensores del territorio.
Bajo su lógica, quienes defienden el agua no están ejerciendo un derecho, sino esparciendo rumores malintencionados. Este discurso no busca conciliar; busca sembrar la narrativa de que las comunidades son ignorantes o manipulables, desvirtuando de golpe años de organización comunitaria, asesoría técnica y análisis real del Plan Estratégico de Pemex que las propias comunidades han estudiado a fondo.
Es de una profunda mala fe que la presidenta de la Comisión del Agua alegue que «no tiene nada de información verídica» y que «considera que no va a ser así». Que una funcionaria pública use sus propias omisiones o su deliberada ceguera como «prueba» de que el peligro no existe es un insulto a la inteligencia de los potosinos.
Mientras Pemex opera con eufemismos como «estimulación de yacimientos complejos» y el Gobierno Federal debate abiertamente el uso de estas tecnologías, la diputada prefiere aplicar la táctica del avestruz. Pero no lo hace por incapacidad; lo hace para desactivar la protesta social, aislar a los defensores del territorio y preparar el terreno para cuando las decisiones extractivistas federales tengan que imponerse en la región.
¿No que estaban con el pueblo y que no eran iguales? El trato que la diputada da a las comunidades de la Huasteca guarda el mismo aroma colonialista de los gobiernos del pasado: ver a los pueblos originarios como menores de edad que «no entienden» el desarrollo y a los que hay que ir a «educar» (o «actualizar», en su lenguaje moderno).
Ofrecer «acompañamiento» a los foros indígenas con la advertencia oculta de que «deben informarse bien» es un acto de soberbia absoluta. La defensa de la Huasteca no es un asunto de desinformación, es una batalla por la supervivencia. Pero para la diputada, la prioridad parece ser blindar los planes energéticos del gobierno antes que garantizar el agua de las comunidades que prometió defender. Al final, resultaron expertos en el mismo juego: descalificar al indefenso para proteger al poderoso.
