FRENTE NACIONAL POR UN MEJOR TRANSPORTE PÚBLICO ENTREGA DOCUMENTO DE PETICIÓN A CLAUDIA SHEINBAUM

*ASÍ COMO EL CESE Y LA PERSECUCIÓN POLÍTICA CONTRA LUIS CASTILLO.

Uzías Mico/Reportero

Monterrey, Nuevo León.- A través del Frente Nacional Por Un Mejor Transporte, integrado por 14 colectivos de 10 Estados del país, hicieron la entrega de un documento de petición a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, donde exponen sus peticiones a la demanda de un mejor transporte público y el cese de la persecución judicial contra Luis Castillo Pérez, miembro del Colectivo Voz de Los Usuarios ubicado en Nuevo León, por demandar un mejor transporte público, mediante el siguiente escrito:

FRENTE NACIONAL POR UN TRANSPORTE EFICIENTE, SEGURO Y
SUSTENTABLE

Dra. Claudia Sheinbaum Pardo
Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
Colectivas abajo firmantes provenientes de diferentes movimientos a nivel nacional, con
fundamento en el derecho constitucional a la movilidad, a la seguridad y a un ambiente
sano, solicitamos a usted y las dependencias a su cargo, atender estas demandas
ciudadanas apartidistas.

1. En la política pública: priorizar el derecho constitucional a la movilidad sobre el
   lucro privado.
2. En el transporte público: gradualmente recuperar la rectoría y operación estatal
   de las principales rutas de transporte público de las ciudades mexicanas.
3. En el espacio público y en los presupuestos: priorizar la inversión en
   infraestructura según ley de movilidad; peatonal, ciclista y transporte público.
4. En la infraestructura y unidades de transporte público: hasta concretar sistemas
   integrados de transporte SIT, invertir en corredores con paraderos que reduzcan
   contaminación, garanticen accesibilidad universal y seguridad con perspectiva de
   género y a grupos vulnerables.
5. En el costo: garantizar tarifas preferenciales para grupos vulnerables como
   personas de la 3a edad, con discapacidad y cuidadoras y estudiantes.
6. Crear servicios de transporte estudiantil gratuito a planteles educativos.
7. En cuanto a las tarifas: gradualmente abolir el lucro privado como obstáculo para
   lograr un sistema de transporte público sostenible.
8. En cuanto a derechos laborales: abolir la guerra del centavo dando certeza laboral
   y prestaciones de ley a personas operadoras.
9. En cuanto a vialidades: realizar proyectos de calles completas e infraestructura de
   transporte público para sustituir derroteros improvisados operando bajo el modelo
   hombre-camión.
10. En cuanto al financiamiento: detener la transferencia de recursos públicos a
    empresas transportistas que operan en corredores improvisados, e invertir esos
    recursos en infraestructura de electromovilidad, como BRTs, tranvías, trenes
    ligeros y urbanos.
    Agradeciendo de antemano su atención, quedamos antentxs.

La Respuesta Punitiva ante la Exigencia Ciudadana

Frente a este colapso, los ciudadanos han ejercido sus derechos de libertad de expresión
y asociación a través de marchas y bloqueos. Sin embargo, la respuesta de las
autoridades en sus tres niveles ha sido reveladora de una posición autoritaria.
En Monterrey, Nuevo León, la protesta social ha sido criminalizada de manera
alarmante. Ciudadanos como Luis Castillo Pérez, detenido durante las manifestaciones
contra el alza a las tarifas (tarifazo) el 19 de abril de 2025, permanece bajo detención
domiciliaria con cargos fabricados (pendiente la audiencia intermedia a verificarse en el
mes de abril, la cual es crucial para asegurar la legalidad del proceso), violando su
derecho a la libertad personal por el simple hecho de defender un transporte digno para
todos. Esta situación contrasta con los eventos en Guadalajara, Jalisco, donde tras la
detención de estudiantes en manifestaciones similares en enero de 2026, la presión
social y la visibilización del conflicto lograron su liberación en menos de 24 horas. No
obstante, el patrón de represión persiste en el estado jalisciense, donde se ha
denunciado la cacería de manifestantes lejos de los puntos de reunión y el uso
desproporcionado de la fuerza.
Es por ello que resulta urgentísima su intervención como la Presidenta de México. No se
puede hablar de un país democrático y de derechos mientras quienes luchan por un
servicio público esencial son perseguidos judicialmente mientras los concesionarios y
autoridades omisas gozan de impunidad ante el desastre de la movilidad nacional.