Uzías Mico/Reportero
Monterrey, Nuevo León.- El clima de seguridad en Monterrey, Nuevo León ha dado un giro alarmante. La organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDENL) lanzó una alerta máxima el 12 de Mayo de 2026, denunciando que la Policía Municipal de Monterrey ha cruzado una línea peligrosa: El uso de detenciones arbitrarias e ilegales como herramienta de control sistemático.
El caso que encendió las alarmas ocurrió el 10 de Mayo. Elementos a bordo de la unidad con número 126 detuvieron a una maestra de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y colaboradora de FUNDENL. Según el organismo, la detención no solo fue injustificada, sino que se realizó bajo un esquema de opacidad absoluta: No hubo registro de la captura, no se le presentó ante un juez y se le mantuvo incomunicada.
«Mantener a una persona incomunicada, sin denuncia y sin presentación inmediata ante la autoridad, es contra la Ley. Las detenciones arbitrarias son la puerta hacia las Desapariciones Forzadas», advirtió la organización en un comunicado que ya circula en redes sociales.
FUNDENL sostiene que este no es un error aislado de un par de oficiales, sino una conducta reiterada de la corporación que encabeza Adrián de la Garza. Entre los atropellos documentados recientemente destacan:
- Marzo 2026: Detención de dos integrantes de la A.C. Tierra y Libertad por repartir volantes informativos.
- Ataque a víctimas: Las unidades 063, 119 y 124 intentaron arrestar a una madre buscadora durante el Día Internacional de las Personas Desaparecidas, violentando su derecho a la protesta.
- Acoso a sectores vulnerables: Comerciantes del Puente del Papa y lavacoches de la Plaza de los Desaparecidos denuncian amenazas constantes por parte de la misma corporación.
La organización civil es tajante, la policía de Monterrey está operando por encima del debido proceso, ignorando la presunción de inocencia y actuando sin órdenes judiciales ni flagrancia.
FUNDENL exige una revisión exhaustiva del actuar de los elementos municipales y sanciones severas para los responsables, subrayando que la seguridad pública no puede construirse a costa de los Derechos Humanos.
