A partir de este 23 de junio de 2026, las gasolineras del país dejaron de estar obligadas a realizar pruebas de control de emisiones contaminantes y a entregar reportes periódicos a las autoridades ambientales, una medida que busca reducir trámites y agilizar la operación de estos negocios.
De acuerdo con la publicación realizada el 22 de junio en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y con el acuerdo emitido por la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), la disposición entró en vigor este martes y elimina una obligación que había sido establecida desde julio de 2025 para las estaciones de servicio.
La nueva regulación forma parte de la estrategia federal de simplificación administrativa impulsada a través del llamado «Plan México», cuyo propósito es disminuir la carga burocrática para los empresarios y facilitar el cumplimiento de sus actividades comerciales.
Con esta modificación, los propietarios de gasolineras ya no tendrán que realizar ni presentar informes sobre las emisiones de gases o partículas que se generan durante el despacho de gasolina y diésel. Sin embargo, las autoridades aclararon que esto no significa que las estaciones de servicio queden libres de vigilancia o de cumplir con las leyes ambientales.
La ASEA precisó que continúan vigentes todas las disposiciones relacionadas con la protección al medio ambiente, la seguridad industrial y la prevención de riesgos. Es decir, las gasolineras siguen obligadas a operar bajo normas que garanticen la seguridad de trabajadores, clientes y vecinos.
Otro punto importante es que las sanciones o procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor de esta medida no desaparecen. Las infracciones cometidas durante la vigencia de la norma anterior seguirán siendo investigadas y, en su caso, sancionadas conforme a la ley.
Además, se estableció un periodo de transición para quienes ya habían comenzado procesos de monitoreo o pruebas de emisiones. Estos podrán concluir los trámites iniciados, aunque en algunos casos ya no será necesario entregar los informes finales a la autoridad ambiental.
En términos sencillos, la decisión elimina un requisito administrativo que representaba tiempo y gastos para los empresarios gasolineros, pero mantiene intacta la responsabilidad de operar sin contaminar ni poner en riesgo la seguridad de la población.
