Por Darío Almazán
En los últimos años, los doctorados Honoris Causa han dejado de ser sinónimo de excelencia para convertirse, en muchos casos, en simples herramientas de imagen. Lo ocurrido recientemente en Tamuín no es la excepción, sino parte de una práctica cada vez más común en distintos puntos del país.
Tradicionalmente, este reconocimiento era reservado para figuras cuya trayectoria marcaba un antes y un después en la ciencia, la cultura o el pensamiento. Universidades con prestigio eran las encargadas de otorgarlo, bajo criterios estrictos y con un peso académico incuestionable. Hoy, esa esencia parece diluirse.
La entrega masiva de estos títulos por parte de organismos poco conocidos, como el llamado Claustro Doctoral de Líderes Internacionales, abre un debate necesario: ¿quién valida a quienes hoy reparten reconocimientos con tanta facilidad?
Cuando no existe claridad sobre el respaldo académico, ni sobre los criterios de selección, el valor del galardón se reduce considerablemente. Peor aún, cuando estos eventos incluyen a decenas de “galardonados” en una sola ceremonia, el reconocimiento pierde exclusividad y se acerca más a un acto protocolario que a un mérito excepcional.
En este contexto, el beneficio real es evidente: no hay impacto académico, no hay validez oficial, no hay crecimiento profesional directo. Lo que sí hay es exposición mediática, fotografías, titulares y una narrativa conveniente para quien busca fortalecer su imagen pública.
Eso no significa que todas las personas reconocidas carezcan de méritos; el problema no es necesariamente quién recibe el título, sino quién lo entrega y bajo qué criterios.
Aceptar este tipo de distinciones también implica una responsabilidad. En una sociedad cada vez más informada, donde la credibilidad es un activo fundamental, no todo reconocimiento suma. Algunos, por el contrario, pueden restar.
Porque al final, la pregunta no es cuántos títulos se reciben, sino cuánto pesan realmente.
