Juan Felipe Cisneros Sánchez / Observatorio Indígena Mesoamericano
El reciente Comunicado 136/2026 emitido por el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, con motivo del «Primer Encuentro Nacional de Pueblos Indígenas y Afromexicanos», apela a una narrativa de justicia histórica, resarcimiento de agravios ancestrales y «escucha fraterna». Sin embargo, al contrastar las afirmaciones vertidas por la dirigencia partidista con la sustancia del borrador de Ley General de 453 artículos y con el proceso de consulta ejecutado por el INPI, se alumbra una inocultable incongruencia entre la retórica oficialista y la praxis jurídico-política.
El Comunicado del partido en el poder funciona como un dispositivo de legitimación política e ideológica que busca maquillar una reforma secundaria regresiva antes de su ingreso inminente al Congreso de la Unión el 12 de octubre. Existe una contradicción insalvable entre las palabras de «escucha y acompañamiento» y los actos del Estado: mientras el discurso partidista proclama la emancipación indígena, el articulado legal propuesto busca administrar el conflicto social, subordinar la autonomía a la burocracia centralizada y mantener los territorios ancestrales abiertos a la explotación extractiva e hidrocarburífera de la agenda nacional. No solo eso. El proceso de consulta ha sido de todo menos libre, previo, informado, de buena fe y culturalmente adecuado; por más que quieran convencer a la opinión pública, la consulta ha sido instrumentada bajo una metodología de la simulación.
El documento de trabajo de la Ley General niega en los hechos ese «poder real». Lejos de garantizar un ejercicio autonómico incondicionado, la propuesta subordina la personalidad jurídica a candados registrales, padrones y «dictámenes de acreditación» emitidos por dependencias del Ejecutivo federal como el INPI y la SEGOB (Arts. 19 y 20). Convertir un derecho preexistente y constitucional en un trámite administrativo sujeto al visto bueno burocrático reinstaura un modelo de indigenismo de Estado y tutelaje paternalista, impidiendo que la autonomía sea un poder público plenamente autoorganizado.
El comunicado denuncia que «durante siglos los pueblos sufrieron el despojo de sus tierras» y que la Cuarta Transformación tiene el deber de «cumplir los compromisos asumidos con sus pueblos». Incongruentemente, la propuesta legislativa elude deliberadamente el reconocimiento del concepto holístico de «Territorio e Integridad Biocultural», restringiendo el espacio indígena a la tenencia agraria de polígonos ejidales o comunales. Al no reformar el artículo 27 constitucional, el régimen de propiedad del subsuelo y las aguas continúa bajo el dominio originario de la Nación. Esto deja a la comunidad desprotegida e indefensa ante los megaproyectos extractivos de la agenda energética y de infraestructura —como el fracking, la exploración de gas no convencional (Plan Estratégico de PEMEX), la minería a cielo abierto, los gasoductos y el trasvase del «Acueducto Pánuco–Cerro Prieto»—. El texto de ley perpetúa la figura de la «utilidad pública» para justificar el despojo, sustituyendo el derecho a la devolución de tierras por indemnizaciones económicas (Art. 108).
La dirigencia afirma que se escuchará «con mucha fraternidad» y que «haremos propios los análisis”, pero el proceso de consulta del INPI se caracterizó por la imposición, la prisa y el quebrantamiento de las normas comunitarias. Pretender «consultar» e imponer un cuerpo normativo hipertrofiado de 453 artículos técnicos entre 16,728 comunidades del país en un lapso de solo 34 días invalida cualquier pretensión de deliberación informada. Peor aún, el gobierno impuso la figura ilegal de las «Asambleas Regionales» —acotando la representación a solo dos delegados por comunidad— para suplantar a la Asamblea General Comunitaria, que es la máxima autoridad de decisión en los sistemas normativos internos. Las listas de asistencia fueron utilizadas instrumentalmente para simular una aprobación que los pueblos han rechazado formalmente.
El discurso oficial promete la protección y garantía amplia de los derechos de ejercicio autónomo y patrimonio propio. Sin embargo, en materia hacendaria, la propuesta legislativa degrada la autonomía financiera a una política de «transferencias y subsidios condicionados» a la «disponibilidad presupuestaria”. Lejos de reconocer asignaciones presupuestales constitucionales directas, irreductibles y autogestionadas para las Tesorerías Comunitarias, los Transitorios Octavo y Noveno imponen candados de «movimientos compensados cero», al tiempo que los Transitorios Segundo y Décimo blindan y dejan intocadas las leyes sectoriales extractivas y los megaproyectos en curso.
Como en tiempos del PRIAN, hoy MORENA realiza encuentros para disfrazar la simulación y la imposición de una Ley que no ha tenido consenso por ser regresiva.
