Juan Felipe Cisneros Sánchez / Observatorio Indígena Mesoamericano.
En la página oficial del INPI, en su directorio, aparece que la Oficina de Representación de dicha institución debe estar en el domicilio de calle Humboldt 320, colonia Del Valle, en la ciudad de San Luis Potosí. Sin embargo, si usted requiere hacer alguna gestión, simplemente no le será posible, pues dicha oficina de representación no existe. Tampoco hay un número telefónico para poder comunicarse.
Si usted requiere ser atendido por el representante en San Luis Potosí, Mario Alberto Godoy Ramos, tampoco lo encontrará, pues no hay donde ubicarlo cumpliendo su servicio. Al recurrir a la información pública, usted se sorprenderá de que el citado servidor público aparece como representante estatal de Michoacán; pero, si usted lo busca en dicho estado, tampoco lo ubicará. Dirían que ahí no trabaja. ¿Entonces dónde está el representante del INPI de San Luis Potosí que gana un sueldo mensual de 73 mil pesos brutos, equivalente a 886 mil 812 pesos anuales?
Según el decreto por el que se expide la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, en su Artículo 11, el Instituto contará con: (…) IV. Las Oficinas de Representación del Instituto, como órganos de representación en las entidades federativas en las que así se requiera, y V. Los Centros Coordinadores de Pueblos Indígenas, como órganos de operación regional.
Supuestamente, con dichas oficinas se busca garantizar la atención transversal en cada una de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los Poderes Federales y los órganos constitucionales autónomos, así como para el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano, en particular la libre determinación y autonomía. Pero, en el caso del estado de San Luis Potosí, simplemente lo anterior a la fecha no está garantizado. No se sabe de qué privilegios goza este personaje para violar la propia Ley del INPI y derechos correlacionados, sin que el órgano interno o el titular del INPI, Adelfo Regino Montes, tome cartas en el asunto.
No solo es el vacío institucional que genera la ausencia del representante, sino que el conjunto de servidores públicos que se supone trabajan en dicha oficina de representación tampoco se sabe dónde están, pero sin duda continúan cobrando sin atender al público que los busca.
La única certeza que se tiene es que, al cabo de un año de la imposición de Mario Alberto Godoy Ramos, la oficina no solo decayó, sino que desapareció y su personal está extraviado.
