Federación y Estado destinarán recursos para enfrentar una problemática que sigue arrebatando la infancia a decenas de menores.
San Luis Potosí, SLP.- Detrás de la mayoría de los embarazos registrados en niñas menores de 15 años existe un factor alarmante: la violencia sexual. Así lo reconocen las autoridades al impulsar nuevas acciones para combatir una problemática que continúa afectando a menores de edad en San Luis Potosí y en el resto del país.
El panorama mantiene en alerta a las instituciones. De acuerdo con información de los Servicios de Salud del Estado, uno de cada cinco embarazos registrados anualmente en San Luis Potosí corresponde a adolescentes, mientras que en el caso de las menores de 15 años, las autoridades advierten que, en la mayoría de los casos, los embarazos son consecuencia de agresiones sexuales, una situación que representa una grave violación a los derechos de las niñas.
Ante este escenario, el Gobierno de México y el Gobierno de San Luis Potosí firmaron un convenio de colaboración para fortalecer las estrategias de prevención del embarazo infantil y adolescente mediante recursos del Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres (FOBAM).
El acuerdo, publicado este 9 de julio de 2026 en el Diario Oficial de la Federación, establece la coordinación entre la Secretaría de las Mujeres del Gobierno Federal y el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva, para ejecutar acciones dirigidas principalmente a comunidades con mayor incidencia.
Aunque el documento no precisa el monto asignado para San Luis Potosí, el programa FOBAM ha destinado en años anteriores más de tres millones de pesos a la entidad para desarrollar proyectos enfocados en prevenir el embarazo infantil y adolescente, así como la violencia contra niñas y mujeres.
Los recursos permitirán implementar nueve líneas de acción, entre ellas brigadas casa por casa, actividades en escuelas con estudiantes y docentes, talleres para madres, padres y personas cuidadoras, capacitación a personal de salud y funcionarios municipales, además de intervenciones en espacios públicos y en los Centros LIBRE.
La finalidad es identificar factores de riesgo, informar a las familias, fortalecer la educación integral en sexualidad y promover la denuncia de cualquier forma de violencia contra niñas y adolescentes.
Las cifras nacionales muestran que el problema persiste. El Consejo Nacional de Población (CONAPO) reporta 2.3 nacimientos por cada mil niñas de entre 10 y 14 años, un indicador que especialistas asocian principalmente con casos de abuso sexual. A ello se suma que, según datos del INEGI, una parte importante de los nacimientos en México corresponde a madres menores de 20 años.
Como parte del convenio, la Secretaría de Finanzas será responsable de recibir y transferir los recursos a la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva, mientras que el ejercicio del presupuesto deberá comprobarse mediante informes trimestrales y será fiscalizado por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, así como por la Auditoría Superior de la Federación.
Más allá de las cifras, las autoridades reconocen que prevenir el embarazo infantil significa proteger a niñas que, en muchos casos, son víctimas de delitos sexuales. También representa una oportunidad para evitar la deserción escolar, reducir la pobreza y garantizar que miles de menores puedan desarrollar un proyecto de vida libre de violencia.
El convenio permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 y forma parte de la estrategia nacional para disminuir el embarazo infantil y adolescente en México.
