** Un fallo de la corte reactivaría conflictos que durante años permanecieron cerrados.
Huasteca Potosina.– La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la revisión de antiguos títulos de propiedad y el alcance del artículo 27 constitucional ya comenzó a generar preocupación entre asesores agrarios y representantes ejidales de la Huasteca, quienes advierten que el criterio podría reactivar conflictos de tierras que durante años permanecieron cerrados.
El asesor legal de ejidatarios Gregorio Carranco Vargas cuestionó el rumbo de la resolución y aseguró que existe el riesgo de abrir nuevamente disputas agrarias que incluso habían sido dadas por concluidas desde hace décadas.
Recordó que el entonces presidente Vicente Fox declaró oficialmente concluido el rezago agrario el 10 de abril de 2006 durante un evento realizado en la localidad de Los Ángeles, en el municipio de Tamuín, por lo que consideró que volver a revisar antiguas posesiones podría generar incertidumbre jurídica en distintas regiones del país.
Carranco Vargas sostuvo que la Suprema Corte “no está empapada de la situación real que viven los ranchos y ejidos”, y advirtió que la interpretación impulsada en este caso podría provocar enfrentamientos sociales por tierras que llevan décadas en posesión de particulares, ejidos o incluso gobiernos estatales.
Como ejemplo, mencionó que en Aquismón existen predios adquiridos hace años por el Gobierno de Hidalgo que, afirmó, algunos grupos sociales buscan repartir nuevamente bajo argumentos agrarios.
El litigante también acusó que la resolución representa un retroceso hacia esquemas agrarios del pasado y señaló que “están abriendo la puerta a conflictos añejos” y a la reactivación de disputas territoriales que podrían dividir comunidades completas.
Afirmó además que el criterio podría interpretarse como un intento de regresar a modelos colectivos de propiedad ejidal y limitar la autonomía individual de los posesionarios, situación que —dijo— genera preocupación entre productores y propietarios rurales.
Las declaraciones surgen luego de que la Suprema Corte ordenara revisar de fondo un conflicto agrario relacionado con dos actas de deslinde distintas y un título de propiedad de 1893, al considerar que los tribunales inferiores omitieron analizar correctamente el alcance constitucional del artículo 27 en materia de nulidad de concesiones y acaparamiento de tierras.
El caso ha comenzado a ser seguido de cerca en regiones ejidales de la Huasteca potosina, donde existe temor de que viejas disputas territoriales vuelvan a judicializarse tras años de relativa estabilidad agraria.
