TANCANHUITZ, S.L.P.— Comunidades y autoridades tradicionales Tének y Nahua de la Huasteca Potosina expresaron su rechazo a la propuesta de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos y cuestionaron la manera en que se ha desarrollado el proceso de consulta impulsado por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).
El posicionamiento fue firmado el 3 de octubre de 2026 en Tancanhuitz por Consejeros Nacionales Indígenas de San Luis Potosí y autoridades tradicionales, quienes manifestaron su “no consentimiento” al proyecto y solicitaron que el actual proceso sea replanteado.
La propuesta oficial consta de 453 artículos y 11 transitorios, de acuerdo con el documento publicado para el proceso de consulta. El INPI informó que la iniciativa será sometida a diálogo con comunidades indígenas y afromexicanas de todo el país.
Sin embargo, en su pronunciamiento, representantes Tének y Nahua sostienen que la consulta en San Luis Potosí no ha garantizado, desde su perspectiva, una participación suficiente de las comunidades.
Entre sus principales cuestionamientos señalan la utilización de Asambleas Regionales en lugar de las Asambleas Generales Comunitarias, consideradas por ellos como la máxima instancia de decisión en sus comunidades. También cuestionan que la documentación entregada sea demasiado extensa y técnica para analizarse en el periodo establecido.
Otro de los temas centrales del documento es el territorio indígena. Los firmantes expresan preocupación por las disposiciones relacionadas con tierras, recursos naturales y proyectos que pudieran desarrollarse en territorios de comunidades originarias.
En ese sentido, manifiestan su rechazo a proyectos como la explotación de hidrocarburos mediante fracking, gasoductos, determinados proyectos hídricos y actividades mineras, además de otros desarrollos que, sostienen, no deberían avanzar sin el consentimiento de las comunidades.
El documento también plantea cuestionamientos sobre autonomía, presupuesto, patrimonio cultural, participación de mujeres y jóvenes, así como los mecanismos mediante los cuales los pueblos serían reconocidos como sujetos de derecho público.
Las comunidades solicitan retirar la propuesta actual y reconstruir el proceso de diálogo directamente desde las Asambleas Generales Comunitarias. También plantean la instalación de una mesa de trabajo con representantes indígenas, el Gobierno federal, el Congreso de la Unión y el INPI.
Uno de los argumentos jurídicos incluidos en el pronunciamiento es la reciente resolución SUP-REC-247/2026 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esa sentencia, la Sala Superior reconoció que las comunidades indígenas cuentan con capacidad colectiva para decidir sobre su organización política y ordenó al CEEPAC participar en un procedimiento de consulta relacionado con el cambio de régimen electoral municipal.
El INPI, por su parte, sostiene que el proceso busca recoger opiniones, propuestas y observaciones de las comunidades y que la consulta contempla la participación de 16 mil 728 comunidades indígenas y afromexicanas del país. El organismo también señala que la propuesta establece mecanismos para garantizar derechos como la libre determinación, autonomía y consulta y consentimiento libre, previo e informado.
Así, mientras el Gobierno federal presenta la consulta como un proceso nacional para construir la futura legislación indígena, representantes Tének y Nahua de la Huasteca Potosina mantienen una postura crítica y exigen que sus comunidades tengan una participación directa en las decisiones que puedan afectar sus territorios, autonomía y derechos colectivos.
