Ciudad de México.- El estado de San Luis Potosí figura entre las entidades donde la Fiscalía General de la República (FGR) detectó centros de operación relacionados con una presunta red nacional dedicada al contrabando de combustible, considerada por las autoridades como la más grande descubierta hasta ahora.
Durante la presentación de los avances de la investigación, la fiscal general Ernestina Godoy Ramos informó que la organización utilizaba un esquema para introducir hidrocarburos al país mediante declaraciones falsas, ocultando el volumen real del combustible o registrándolo como otros productos para evadir el pago de impuestos.
Como parte de las investigaciones, la FGR revisó miles de operaciones de importación, así como información relacionada con personas físicas, representantes legales, empresas, socios, domicilios y documentación administrativa, lo que permitió identificar 25 objetivos y personal de agencias aduanales presuntamente vinculado con la red.
En ese contexto, la Fiscalía confirmó que las indagatorias alcanzaron centros de operación ubicados en Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, Veracruz y la Ciudad de México, aunque hasta el momento no se ha precisado qué empresas o personas operaban en territorio potosino.
De acuerdo con la FGR, entre enero y julio de 2025 la organización habría realizado 4 mil 238 operaciones de importación, provocando un daño estimado a la Hacienda Pública superior a 4 mil millones de pesos por evasión del IEPS y del IVA.
Las autoridades también señalaron que la investigación involucra al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, a quien identifican como una pieza clave en el origen de la estructura empresarial que presuntamente dio paso a esta red de contrabando de hidrocarburos. No obstante, será el proceso judicial el que determine las responsabilidades correspondientes.
La Fiscalía indicó que las investigaciones continúan para desarticular completamente la estructura financiera, logística y empresarial utilizada para el tráfico ilegal de combustibles en el país.
