Ciudad Valles entre los municipios afectados
El estado de San Luis Potosí apareció por primera vez en el mapa nacional del desplazamiento interno forzado, una problemática históricamente asociada con estados marcados por la violencia como Guerrero, Michoacán o Chiapas, durante 2025, al menos 67 personas abandonaron sus hogares por miedo, amenazas o desalojos, revelando una realidad que hasta ahora permanecía prácticamente invisible en la entidad.
De acuerdo con el informe “Travesías Forzadas: Desplazamiento Interno en México 2025”, elaborado por el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, se documentaron dos eventos de desplazamiento en territorio potosino que afectaron a 18 familias de los municipios de Santo Domingo, Ciudad Valles y Cárdenas.
El reporte señala que las personas afectadas tuvieron que abandonar sus comunidades debido a desalojos forzados y al temor fundado de sufrir agresiones o daños graves relacionados con contextos de violencia.
El caso más numeroso ocurrió en Santo Domingo, donde 56 personas dejaron sus hogares para buscar refugio principalmente en la capital potosina y en Monterrey, Nuevo León.
El estudio advierte que el desplazamiento forzado no surge de manera aislada, sino que está ligado a factores como la inseguridad, la impunidad y la vulnerabilidad económica. En San Luis Potosí, el 69.2 por ciento de la población adulta considera inseguro vivir en su municipio, mientras que el 38.6 por ciento afirma escuchar disparos de arma de fuego con frecuencia en las cercanías de sus viviendas.
A este escenario se suma un dato aún más preocupante: el 92.9 por ciento de los delitos no se denuncian o no derivan en una investigación formal, lo que refleja una enorme cifra negra que deja a miles de víctimas sin acceso a la justicia y sin protección institucional.
Los investigadores también advierten que las condiciones sociales agravan el problema. Casi una tercera parte de la población mayor de 15 años no concluyó la educación básica y cerca de dos terceras partes de los trabajadores perciben ingresos menores a dos salarios mínimos, factores que reducen la capacidad de las familias para enfrentar situaciones de violencia o desplazamiento.
Otro aspecto alarmante es la falta de seguimiento oficial a quienes abandonan sus comunidades. Mientras se pudo establecer que las familias desplazadas de Santo Domingo migraron hacia zonas urbanas, en los casos de Ciudad Valles y Cárdenas se desconoce el destino de las víctimas, evidenciando la ausencia de mecanismos estatales para registrar y acompañar a las personas desplazadas.
El informe concluye que el fenómeno representa una señal de alerta para San Luis Potosí, pues evidencia que la violencia y los conflictos sociales han comenzado a generar expulsión de población dentro del propio estado. Sin una legislación específica, un padrón oficial de víctimas y programas de atención integral, quienes abandonan sus hogares quedan expuestos a nuevas condiciones de pobreza, exclusión y vulnerabilidad.
