Uzías Mico/Reportero
Monterrey, Nuevo León.- La Asociación Civil «Color Esperanza» nació durante los días más oscuros de la pandemia en 2020, hoy agoniza bajo el peso de la corrupción judicial. Blanca Álvarez Cardiel, movilizó a miles de colaboradores para alimentar a las familias regiomontanas en crisis, ha sido sentenciada a perderlo todo frente a quien alguna vez llamó «amiga».
La historia de traición tiene nombre y apellido: Stephanie Morales.
Amiga de la infancia de la fundadora, Stephanie Morales se acercó a la asociación civil solicitando una oportunidad.
Según los registros de la organización, Blanca no solo le permitió colaborar, sino que le extendió la mano con apoyo económico y despensas para su propio sustento cuando ella atravesaba momentos difíciles.
Sin embargo, tras solo tres meses de participar como voluntaria y decidir retirarse por cuenta propia, Morales inició un proceso legal por «despido injustificado», una figura que hoy tiene a la asociación con una orden de embargo sobre sus bienes.
A pesar de que la defensa de Color Esperanza presentó pruebas contundentes y testimonios que acreditaban que Morales era una colaboradora voluntaria y beneficiaria de la asociación, el resultado fue adverso.
La razón detrás de esta aparente ceguera jurídica tiene una explicación alarmante, pues se ha señalado que Stephanie Morales goza de tráfico de influencias, al contar con un familiar directo laborando dentro de los juzgados del estado de Nuevo León.
Esta conexión habría sido la pieza clave para que, a pesar de la verdad, se dictara una sentencia de $270,000 pesos a favor de la demandante.
Posteriormente el Juzgado solicito un medio de subsistencia de 90 mil pesos.
Al no contar con esa cantidad —pues todos los recursos de la Asociación Civil se destinan a medicinas, ropa y comida para los pobres—, la autoridad ha procedido a ordenar el embargo de todo lo que se encuentre dentro de la asociación.
Este acto no solo afecta a Blanca; afecta a:
- Las familias que dependen de las despensas semanales.
- Los niños que reciben ropa y calzado de los donativos.
- Los enfermos que obtienen sus medicinas gracias a la gestión ciudadana.
La ciudadanía de Monterrey y las redes de apoyo que han sostenido este proyecto desde 2020 exigen una revisión inmediata del caso. Se solicita la intervención de las autoridades superiores para investigar el presunto influyentismo de Stephanie Morales y su red familiar en los juzgados.
Color Esperanza no pide que se tuerza la ley, solo pide justicia.
No se puede permitir que una «vividora» utilice el sistema judicial para desmantelar una obra de caridad que le pertenece a los más necesitados.
Hoy Blanca Álvarez, rifa su camioneta para solventar la cantidad que requiere el juez como indemnización a la mujer que la demandó.
