San Luis Potosí, S.L.P.– El sistema de justicia para adolescentes en México enfrenta uno de sus momentos más críticos. De acuerdo con las Estadísticas sobre Personas Adolescentes en Conflicto con la Ley (EPACOL) 2026, elaboradas por el INEGI, el 33.1% de los adolescentes privados de la libertad permanece en centros de internamiento sin que un juez haya emitido una sentencia definitiva, el porcentaje más alto registrado desde que comenzó la medición en 2017.
En términos sencillos, uno de cada tres jóvenes permanece encerrado sin que su situación jurídica haya sido resuelta, una condición que especialistas consideran contraria al principio de que la privación de la libertad debe ser una medida excepcional y por el menor tiempo posible.
Aunque el informe no desglosa este indicador por entidad federativa, el dato representa una señal de alerta para estados como San Luis Potosí, donde el funcionamiento del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes también forma parte del modelo nacional.
El reporte revela además que durante 2024 fueron imputados 35 mil 193 adolescentes, lo que representa un incremento del 55.4% respecto a 2021. Asimismo, el narcomenudeo desplazó por primera vez al robo como la principal causa de internamiento, reflejando una mayor participación de menores en actividades relacionadas con la delincuencia organizada.
Otro indicador preocupante es el aumento de los ingresos a centros de internamiento, que rompió la tendencia descendente de años anteriores, mientras que el país registró 1,153 homicidios de adolescentes y 1,264 suicidios, cifras que evidencian el contexto de violencia y vulnerabilidad que enfrenta este sector de la población.
En el caso de San Luis Potosí, la entidad registra una tasa de 124.8 adolescentes imputados por cada 100 mil habitantes, por debajo de la media nacional de 259.3. Sin embargo, el principal foco de preocupación no es el número de jóvenes que ingresan al sistema, sino la posibilidad de que enfrenten largos procesos judiciales antes de obtener una resolución definitiva.
El informe del INEGI advierte que el retraso en la impartición de justicia vulnera derechos fundamentales y pone en evidencia los retos que aún enfrenta el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, a una década de su implementación.
