Juan Felipe Cisneros Sánchez / Observatorio Indígena Mesoamericano
Resultan preocupantes las declaraciones del diputado José Roberto García Castillo, presidente de la JUCOPO, al intentar justificar la ausencia de la Oficina de Representación del INPI en San Luis Potosí. Al afirmar que la dependencia opera bajo un esquema de «austeridad» en oficinas de Bienestar, el legislador cae en imprecisiones que parecen buscar encubrir una negligencia administrativa.
El propio Órgano Interno de Control del INPI ha tenido que iniciar investigaciones sobre esta ausencia. El directorio oficial del Instituto no refleja dicho cambio de domicilio y la ciudadanía no tiene canales claros de contacto. Más que austeridad, lo que se percibe es una falta de gestión presupuestal para contratos y rentas que el titular estatal, Mario Alberto Godoy, tendría que explicar; sin embargo, al no hacerlo en tiempo y forma, solo refleja su apego a la opacidad.
Más allá de actuar como «vocero» de una dependencia federal, el Dip. García Castillo debería atender la agenda que sí le compete. El Congreso del Estado se encuentra hoy en un estado de omisión legislativa (JDC/04/2026) al no armonizar la Constitución local con el Artículo 2° Federal. El derecho de las comunidades a elegir a sus autoridades mediante sistemas normativos internos no es una «concesión», es un mandato constitucional que el Congreso Potosino sigue postergando. La urgencia legislativa está en atender la cadena de omisiones.
El diputado tendría la obligación de desbaratar el falso argumento del «tope presupuestal» que se le impone a las consultas indígenas. Es un insulto a la inteligencia del pueblo potosino argumentar que no hay recursos para realizar las consultas indígenas obligadas por la SCJN (Acción 141/2022). Con un presupuesto legislativo superior a los 326 millones de pesos —donde cada diputado nos cuesta más de 12 millones anuales—, decir que «no hay dinero» para saldar la deuda histórica con los pueblos Nahua, Téenek y Xi’ói es, simplemente, una falta de voluntad política. Incluso la Presidenta Claudia Sheinbaum ha tenido que mencionar esta situación de privilegio en la que viven nuestros diputados.
No se puede omitir que el silencio del Dip. García Castillo ante posturas que califican a los sistemas normativos internos como un «riesgo» para la democracia es revelador. Le recordamos que la Constitución reconoce a México como una nación pluricultural. La autonomía indígena no debilita la democracia; la enriquece. Confundir una consulta con una encuesta, o pretender legislar «con cautela» para no afectar al sistema de partidos, solo demuestra que se sigue operando bajo las lógicas del viejo régimen.
Finalmente, la «Cuarta Transformación» que defienden en el discurso debería traducirse en el cumplimiento estricto de los derechos humanos y la transparencia. Justificar lo injustificable y solapar la parálisis institucional y legislativa no es transformar; es repetir las prácticas de opacidad que tanto criticaron. Menos retórica de austeridad y más cumplimiento de sentencias judiciales.
