Uzías Mico/ESPECIAL
Nuevo León, México.- El partido Movimiento Ciudadano se vendió ante los regios como una nueva forma de hacer política en Nuevo León, sin embargo parece estarse desmoronando bajo el peso de una realidad mucho más vieja y turbia, como lo es el uso del poder para el beneficio del árbol genealógico.
Una investigación reciente de El Financiero ha puesto al descubierto una trama que podría no solo terminar con la carrera política de Samuel Alejandro García Sepúlveda, sino llevarlo directamente ante los tribunales por presunto lavado de dinero.
Ya no se trata solo de sospechas aisladas. La investigación detalla un sofisticado esquema donde empresas vinculadas directamente al círculo más cercano del Gobernador —padre, hermanos y socios— habrían servido como vehículos para «limpiar» recursos de procedencia dudosa.
A diferencia de las tramas de corrupción del pasado, que usaban prestanombres desconocidos, aquí la red es descaradamente familiar. La estrategia parece haber sido simple pero masiva: Contratos gubernamentales que terminan, tras un par de saltos contables, en los despachos jurídicos y fiscales propiedad de la familia García.
Los puntos clave que hunden al Gobernador:
- Triangulaciones millonarias: Se detectaron depósitos que viajan desde contratistas del Estado hacia firmas de consultoría ligadas a los García, disfrazados de «honorarios legales».
- El factor familiar: El papel de Samuel Orlando García Mascorro (padre del mandatario) vuelve a estar bajo la lupa como el arquitecto financiero detrás de las estructuras que hoy la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) busca desentrañar.
- Inconsistencias patrimoniales: El crecimiento exponencial de las propiedades y activos de la familia durante los últimos años no coincide con sus ingresos declarados ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), dejando un vacío que solo el lavado de dinero parece llenar.
La postura de Palacio de Gobierno ha sido la misma: «Persecución política». Sin embargo, las pruebas documentales presentadas sugieren que la red de lavado no es un invento de la oposición, sino un sistema bien aceitado que operaba a la sombra de la administración pública.
El impacto de esta revelación es demoledor. En un Estado que clama por transparencia, el descubrimiento de que la oficina del Ejecutivo podría estar funcionando como una sucursal de una firma de lavado de dinero es un golpe que Nuevo León no puede ignorar.
El Gobierno de México y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tienen ahora la última palabra: ¿Se aplicará la ley o se permitirá que el «nuevo» Nuevo León sea solo una fachada para los viejos vicios de siempre?
