Por Porfirio M. López.
El debate en torno a los derechos de las audiencias está presente desde el año 2013 cuando el gobierno de Enrique Peña Nieto incorporó mediante una reforma esos derechos a la Constitución Política de la República. Ahora en pleno 2026 la duda persiste, es acaso un intento por vulnerar esos derechos, es un acoso desde el poder presidencial o es un intento de control autoritario que se enarbola desde el Ejecutivo para acotar derechos y restringir la libertad de expresión.
La discusión se encendió y se polarizó desde la presentación que hizo en julio pasado la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional de los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias y el posterior anuncio de la consulta ciudadana que tiene vigencia hasta el próximo 21 de agosto del presente año. Como ha sido una constante en la narrativa gubernamental de la autonombrada Cuarta Transformación (4T) el riesgo de avalar los lineamientos son las ambigüedades contenidas en la redacción del documento.
La discusión permanece en dos escenarios. En uno están los que advierten que es una tentación autoritaria para censurar, amedrentar o doblegar a quienes se atrevan a criticar el ejercicio del poder; en la contraparte están los que simpatizan con el discurso oficial y afirman que la iniciativa es una oportunidad para hacer transparente la información del oficialismo.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ya se pronunció y no se moverá de su narrativa. Para ella en México no hay ni habrá censura, ni hay ataques a la libertad de expresión por parte de su gobierno, para ella está garantizado en la constitución el derecho al libre acceso a la información. Sheinbaum Pardo no se sale del manual heredado, para ella de lo que se trata es de eliminar privilegios y de estar con el pueblo.
Lo que no se puede negar es que a partir del 2018 el régimen que encabeza el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ha iniciado el amedrentamiento, el acoso, la exhibición y el chantaje contra medios de información de radio, televisión y páginas digitales que son críticos de las acciones gubernamentales de la 4T. Sin ninguna pena tanto el expresidente Andrés Manuel López Obrador como la actual presidenta Sheinbaum han dedicado espacios en sus conferencias matutinas para exhibir y denostar sin pruebas a periodistas y medios críticos.
Desde el año 2013 en el sexenio del expresidente Peña Nieto ya se hablaba de lo que discute la presidenta Sheinbaum y que su consejera jurídica Luisa María Alcalde quiere presentar como novedad. La reforma de dicho año ya contemplaba los códigos de ética, el derecho de réplica, contenidos plurales, distinguir la publicidad engañosa, prohibir todo tipo de discriminación, fortalecer la vida democrática del país y respetar los derechos humanos.
Realmente lo que está en duda es la bondad de la iniciativa. Viniendo desde el poder presidencial como han sido todos los cambios de los últimos ocho años y siendo controlada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones que es un organismo que depende del Poder Ejecutivo, la alerta sobre el intento de control autoritario es lo que preocupa a organismos de sociedad civil, sobre todo porque tanto el gobierno federal como algunos gobiernos estatales han ejercido su poder para exponer y denostar a comunicadores, medios impresos y electrónicos que mantienen su línea editorial crítica y hacen reportajes de investigación que exhiben la impunidad, la ineptitud y la corrupción de miembros prominentes de la 4T.
Al menos la tentación autoritaria de controlar a medios la viene demostrando el régimen morenista desde el sexenio pasado cuando el entonces presidente López Obrador expresó en junio de 2020 “o se está por la transformación o se está en contra de la transformación del país” y se mantiene en el sexenio actual cuando la presidenta Sheinbaum declaró hace unos días que su gobierno no entrega recursos de publicidad a Televisión Azteca, ni a los periódicos Reforma y El Universal, los cuales mantiene su línea editorial crítica contra la 4T.
Ante la destrucción institucional que ha venido realizando el gobierno federal desde el sexenio pasado y ante la desaparición de organismos autónomos como el extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL) conviene repensar la pregunta que se hace la especialista en telecomunicaciones y regulación Alessandra Barzizza Vignau ¿Qué tan alto debe ser el estándar para que un regulador estatal se pronuncie sobre el contenido de un medio y qué tan independiente debe ser ese regulador del Ejecutivo para que esa facultad no despierte sospecha? Ante la escasez de la respuesta, la sospecha de seguir capturando y amedrentando medios como lo viene haciendo la 4T está fundada; en la realidad, si parece que el régimen morenista quiere ir por todo el control autoritario para no perder su narrativa triunfalista ante las audiencias.
