Ahora habrá que ver en que se gasta el recurso
San Luis Potosí, S.L.P.— El Gobierno de San Luis Potosí tendrá bajo su responsabilidad 6 millones 837 mil 129 pesos de recursos federales destinados exclusivamente a salud mental y prevención de adicciones, por lo que el reto no será solamente recibir el dinero, sino demostrar con resultados y documentos en qué se utilizó.
El recurso forma parte de un convenio firmado el 27 de marzo de 2026 entre la Secretaría de Salud federal y el Gobierno del Estado, publicado finalmente el 25 de agosto en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Los recursos serán administrados por los Servicios de Salud de San Luis Potosí y deberán aplicarse al programa “Servicios de Atención a la Salud Mental y Prevención de las Adicciones”.
El convenio deja claro que no se trata de dinero de libre disposición. Los 6.8 millones de pesos deberán utilizarse en acciones de atención a personas con problemas de salud mental, prevención del consumo de sustancias, fortalecimiento de servicios comunitarios, capacitación y seguimiento de los programas.
Y aquí comienza la parte incómoda para las autoridades estatales: el dinero tendrá que comprobarse.
La Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (CONASAMA) será responsable de supervisar el ejercicio de los recursos, mientras que el Gobierno estatal deberá entregar informes mensuales sobre los avances y el gasto realizado y conservar durante al menos cinco años la documentación que acredite cómo fueron utilizados los recursos.
Además, si al cierre del programa queda dinero sin ejercer, éste deberá ser devuelto a la Tesorería de la Federación junto con los rendimientos financieros generados.
Es decir, el convenio establece una ruta bastante clara: cuánto dinero llega, para qué debe utilizarse, cómo debe comprobarse y qué ocurre con lo que no se gaste.
La ciudadanía también podrá participar mediante mecanismos de Contraloría Social, con los que se busca vigilar que las acciones realmente se lleven a cabo.
El programa tendrá vigencia únicamente hasta el 31 de diciembre de 2026, por lo que el tiempo para ejercer y demostrar resultados es limitado.
Y es precisamente aquí donde deberá ponerse la lupa.
Porque más allá de los discursos sobre prevención, lo importante será conocer cuántas personas recibieron atención, cuántas acciones preventivas se realizaron, en qué municipios se aplicaron, cuánto se destinó a cada actividad y cuánto dinero quedó sin ejercer.
También será relevante saber si los recursos llegaron a las zonas donde existen mayores necesidades o si terminaron concentrándose en las áreas urbanas y en actividades administrativas.
El convenio establece además la creación de una Comisión Técnica con representantes federales y estatales para revisar los avances. Esa instancia deberá reunirse al menos cada seis meses.
Por ahora, el documento no demuestra que exista un mal manejo de los recursos ni que se haya cometido alguna irregularidad. Lo que sí establece es una obligación concreta de rendir cuentas.
Los 6 millones 837 mil 129 pesos ya tienen destino: salud mental y prevención de adicciones.
Ahora falta lo más importante: que el Gobierno estatal pueda demostrar que ese dinero se convirtió en atención, prevención y resultados medibles para los potosinos.
