El pecado de la tibieza eclesiástica ante el fracking en la Huasteca Potosina
Juan Felipe Cisneros Sánchez / Observatorio Indígena
Mientras en la Huasteca Potosina las asambleas indígenas exponen la simulación política del gobierno, en las cómodas oficinas del Arzobispado Católico de San Luis Potosí se prefieren declaraciones que el viento disiparía como el humo del incienso, las cuales no inquietarían a ningún demonio.
Estas expresiones contrastan con el contundente posicionamiento emitido el pasado 7 de julio por las autoridades tének y nahua en San Antonio —donde denunciaron con nombres, apellidos y decretos la «clandestinidad» y «traición» con la que Pemex pretende abrirle la puerta a la fracturación hidráulica—. Ante esto, la vocería de la Iglesia Católica decidió, muy a su estilo, ofrecer una de cal por las que van de arena.
El vocero eclesiástico, Tomás Cruz Perales, saltó a la palestra pública para lanzar un exhorto que brilla por su bienintencionada y casi celestial ingenuidad: pidió a las autoridades revisar «con rigor científico» los proyectos de fracking y lanzó al aire un suspiro que bien podría musicalizar cualquier sacristía: “Que se usen métodos sin dañar a la naturaleza”.
Con todo respeto, habría que recordar al prelado que, a diferencia de la multiplicación de los panes, el fracking no opera por milagro divino, sino por leyes físicas y químicas bastante brutales, casi endemoniadas. Pretender que exista un método de fracturación hidráulica «que no dañe la naturaleza» en la geografía kárstica y cavernosa de la Huasteca es el equivalente técnico a pedir que el diablo use guantes de seda para no quemar a los inocentes.
La técnica consiste, por definición, en reventar el subsuelo inyectando millones de litros de agua mezclada con arsénico, benceno y otros compuestos químicos. No hay «rigor científico» que salve un ecocidio programado; lo que las comunidades indígenas de San Antonio entendieron a la perfección —y que al parecer la Iglesia no alcanza a vislumbrar— es que el llamado «comité de científicos» del Gobierno Federal no es ciencia, sino una cortina de humo para ganar tiempo.
Resulta curioso que la Iglesia, tan respetuosa de los dogmas, ignore el dogma jurídico supremo de este país. Mientras el portavoz se limita a expresar un tibio “ojalá que las autoridades prevean este aspecto”, las comunidades indígenas ya invocaron con firmeza el Artículo 2 de la Constitución Mexicana y el Convenio 169 de la OIT.
Para los pueblos originarios no se trata de pedirle «por favor» a Pemex que estudie mejor sus planos. Se trata de ejercer el derecho constitucional a la libre determinación. Las asambleas comunitarias ya decidieron, dictaminaron y decretaron de forma inamovible: el consentimiento ha sido negado.
Cuando el vocero católico pide «revisar con rigor», le otorga de manera indirecta la última palabra a las ventanillas burocráticas del Estado, minimizando el mandato vinculante de los pueblos que habitan y defienden el territorio. En derecho internacional, una consulta extemporánea y mañosa no se revisa; se denuncia y se frena.
En la Huasteca Potosina el estrés hídrico ya no da para más y la división comunitaria que operan los enviados de Pemex avanza en la clandestinidad. Ante una realidad tan polarizada, la diplomacia de las medias tintas termina siendo sumamente funcional para el opresor.
Bien dice el refrán popular que no se puede quedar bien con Dios y con el diablo. Pedir un «fracking amigable» es dialogar con el problema en lugar de rechazarlo. Las autoridades tradicionales en la Huasteca Potosina, y en particular en San Antonio, ya tomaron su trinchera legal e histórica el 7 de julio; valdría la pena que el Arzobispado decida si los va a acompañar en la defensa de la CREACIÓN, de la vida, o si seguirá elevando plegarias para que el capital extranjero destruya los acuíferos con «rigor científico».
Porque eso sería dialogar con el diablo.
