Juan Felipe Cisneros Sánchez / Observatorio Indígena Mesoamericano
El Congreso del Estado de San Luis Potosí pretendió vestirse con el traje de la obediencia, pero el Tribunal Electoral del Estado (TEESLP) le ha recordado que la simulación no pasa por justicia. Mediante su más reciente Acuerdo Plenario de fecha 19 de mayo de 2026, el órgano jurisdiccional determinó que el Poder Legislativo local se encuentra apenas «en vías de cumplimiento» de la sentencia dictada en el expediente TESLP/JDC/04/2026. Con esto, se exhibe el burdo intento de la directiva y su coordinación jurídica por dar por cerrado un mandato estructural a través de una simple reforma cosmética.
El Maestro Walter Alfonso Espinoza Huerta, Coordinador de Asuntos Jurídicos del Congreso, remitió con bombos y platillos un oficio el pasado 30 de abril asegurando que se había cumplido «en tiempo y forma» al modificar únicamente el artículo 9º de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí. Pretendieron que el Tribunal archivara el asunto vendiendo una reforma parcial como si fuera la armonización integral requerida. Sin embargo, el resolutivo del Tribunal fue tajante: reformar la Constitución local es un avance estructural, pero absolutamente insuficiente si no se modifica y adecúa toda la legislación secundaria.
La verdadera pretensión olvidada: el tránsito al sistema normativo indígena Lo que el Congreso potosino insiste en evadir es la sustancia misma de la litis. La cuestión jurídica a resolver estriba en si la inacción legislativa impide el pleno y efectivo ejercicio de los derechos político-electorales de los pueblos originarios. Los agravios ya fueron declarados fundados: el Congreso del Estado no ha implementado de manera integral y efectiva las acciones normativas necesarias para garantizar el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a decidir sus formas internas de gobierno conforme a sus propios sistemas normativos.
La pretensión fundamental de la parte promovente es muy clara: se exige la implementación del mecanismo normativo para transitar del sistema ordinario de partidos políticos al sistema de usos y costumbres (sistemas normativos indígenas) en la elección de sus representantes, así como la reglamentación de las consultas indispensables para tal efecto. La simple mención o parche al artículo 9º constitucional local no satisface esta demanda histórica; la sustancia del derecho sigue estando ausente en las leyes reglamentarias secundarias.
Aquí es donde los excesos del Congreso chocan con la realidad del tiempo y sus propios antecedentes de renuencia. Al Poder Legislativo le restan escasos 34 días naturales (el plazo fatal vence improrrogablemente el próximo 23 de junio de 2026). En este brevísimo lapso de tiempo, el Congreso no solo debe redactar, dictaminar y aprobar la ley reglamentaria que regule este tránsito político, sino que, por mandato constitucional e internacional, está obligado a realizar una Consulta Indígena inmediata, previa, libre, informada y culturalmente adecuada.
Es de sobra conocida la sistemática renuencia e incapacidad de este Congreso, el cual arrastra un historial de reveses en diversos juicios y acciones de inconstitucionalidad por legislar a espaldas de los pueblos originarios. Pretender que en poco más de un mes organizarán, convocarán y ejecutarán un proceso de consulta integral y profundo en las comunidades indígenas del estado —especialmente para normar un derecho tan sensible como el autogobierno y el relevo de los partidos políticos— exigirá un enorme esfuerzo, sino quieren incurrir en desacato.
Postura indígena ante el Tribunal Electoral
A pesar de la contundencia del Tribunal al no dejarse engañar por el Congreso, Resulta imperativo señalar con toda claridad que la autoridad responsable continúa omitiendo la resolución del fondo de la cuestión jurídica y sigue esquivando el núcleo de la pretensión de los promoventes.
El Congreso del Estado de San Luis Potosí ha sido acorralado por los tiempos y por su propia soberbia legislativa. Quisieron entregar una reforma de papel para salir del apuro, pero el tiro les salió por la culata. Vigilaremos de cerca este tramo final, advirtiendo desde ahora que no aceptaremos consultas exprés ni simulaciones legislativas que vulneren el derecho autónomo de los pueblos a definir su propio destino político.
