Por Porfirio M. López.
México padece una crisis persistente que ha rebasado a las autoridades en sus tres niveles de gobierno, es la crisis de las personas desaparecidas y está presente en todas las entidades federativas del país. Lamentablemente los últimos tres sexenios han esquivado el tema y lo que es peor han descalificado las cifras, estudios, informes y métricas de organizaciones globales y de organismos de la sociedad civil.
El Comité de la Organización de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada reveló en días pasados que México ocupa el primer lugar mundial en desapariciones forzadas. Este país ha rebasado los 132 mil casos de personas desaparecidas y muchos de ellos podrían equivaler a crímenes de lesa humanidad porque existen indicios fundados de la participación, autorización o aquiescencia (consentimiento o beneplácito) de funcionarios públicos.
A la alarmante cifra de desapariciones en el país hay que sumar la imparable aparición de fosas clandestinas, la crisis de los servicios forenses que acumulan 72 mil restos humanos sin identificar en diversas entidades, la complicidad e impunidad que priva en las fiscalías estatales, la negativa oficial para reconocer la actividad de colectivos de búsqueda en diversos estados; además de la constante corrupción, ausencia de controles de confianza y profesionalización de corporaciones policiales a nivel estatal y local que alimenta la criminalidad.
Los datos ponen en relieve la incapacidad de México para limitar el crecimiento de la cifra de desapariciones. El gobierno de México mediante un comunicado expedido por la Secretaría de Gobernación y Relaciones Exteriores descalificó el informe del comité de la ONU y lo calificaron de “tendencioso”. En paralelo y de forma inaudita la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) aseguró que desde 2018 las desapariciones en México perpetradas por autoridades federales han venido descendiendo hasta prácticamente desaparecer.
En la misma sintonía en la conferencia de Palacio Nacional la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró que el Comité de la ONU extrapoló casos ocurridos en años pasados y lanzó criticas sin sustento. La presidente Sheinbaum Pardo expresó que los miembros del comité “No son muy exactos en sus análisis”, que utilizan una definición errada de desaparición forzada, que ese delito estuvo presente en los años de llamada “Guerra Sucia” del antiguo régimen, que esa actividad ya no ocurre en el régimen de la Cuarta Transformación, denostó al comité afirmando que no forma parte directa de Naciones Unidas y que remato asegurando que el comité tiene solo una intención “criticar al gobierno de México”.
Como se puede notar el segundo sexenio de la 4T mantiene la negación de la realidad, igual que su antecesor, la presidenta Sheinbaum descalifica y denosta, adjetiva y acusa sin ningún rigor técnico, reacciona furibunda y no reconoce la cifra de desapariciones, ni el constante descubrimiento de fosas clandestinas, ni mucho menos reconoce el esfuerzo continuo de organismos de la sociedad civil y de los colectivos de búsqueda de personas.
México ha implementado legislaciones y ha construido instituciones para atender la crisis de desapariciones, pero la crisis de desaparecidos persiste año con año; de acuerdo con el comité de la ONU el gobierno mexicano ha dejado en la soledad a las familias, no le ha asegurado el derecho a la verdad, la justicia y la reparación del daño.
En el caso de San Luis Potosí el panorama de las desapariciones también es dramático a pesar de contar con un organismo como la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas; las cifras acumuladas hablan de la dimensión y la crisis humanitaria que viven muchas familias que buscan con recursos propios a sus familiares desaparecidos. Los datos disponibles de los últimos años indican el crecimiento de casos, pero también exhiben contradicciones en las cifras presentadas por las autoridades.
Por ejemplo, para el año 2024 la Fiscalía General del Estado (FGE) tenía registradas 329 fichas de búsqueda activas, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) tenía 222 casos registrados y la Red Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). Para el año 2025, la FGE tenía 275 fichas de búsqueda activas, la CNB tenía reportados 208 registros y la RNPDNO había registrado 113 personas desaparecidas.
A inicios del año 2026 las desapariciones en San Luis Potosí suman más de mil ochocientos casos reportadas por colectivos de búsqueda como Voz y Dignidad por los Nuestros y por Red Lupa que han hechos innumerables esfuerzos por encontrar a esposos, esposas, hijos, hijas y amigos desaparecidos en las cuatro regiones del estado. En el caso específico de Ciudad Valles el caso del autobús de la empresa Pirasol ocurrido hace dieciséis años y donde desaparecieron más de treinta personas continua en la impunidad; además reportes de prensa local avalados por colectivos de búsqueda indican una cantidad de trece sitios donde han sido encontrado restos óseos.
Como se puede notar la crisis de desapariciones es una constante en el país. A pesar de la negación gubernamental, las desapariciones forzadas, la complicidad o contubernio entre autoridades y células criminales, el descubrimiento de fosas clandestinas, los sitios de reclutamiento forzado y exterminio como el Rancho Izaguirre es una realidad nacional que no se puede ocultar. Por más que el gobierno federal intente descalificar o desconocer los informes internacionales, las desapariciones son parte de una gran crisis humanitaria que viven diariamente miles de familias, ante esa catástrofe el gobierno federal luce rebasado, los gobiernos estatales han mostrado su incapacidad, los gobiernos locales lucen débiles.
Finalmente, ya se fue el sexenio que prometió que la crisis de desaparecidos sería su prioridad nacional, hoy gobierna la primer mujer presidenta pero lamentablemente el aumento de las desapariciones es persistente, negar el informe de los especialistas de la ONU es el signo más evidente de la indolencia, de la omisión y de la total indiferencia de un gobierno que se autonombra humanista.
