Juan Felipe Cisneros Sánchez / Observatorio Indígena Mesoamericano
La señora presidenta dijo en su mañanera, que una vez que se conozcan las conclusiones del comité de “expertos” podrían consultar a las comunidades. Al respecto hay que hacer las siguientes consideraciones sustantivas:
1. El Convenio 169 de la OIT (artículos 6, 7 y 15) establece que la consulta debe ser previa a cualquier prospección o medida que afecte a los pueblos indígenas. El solo acto administrativo de publicar el Plan Estratégico de PEMEX sin consulta ni consentimiento es ya una violación consumada.
2. Los actos subsecuentes de la presidenta y de sus instituciones son actos u omisiones que revictimizan al sujeto de derecho. El establecimiento de un comité de «expertos» que excluye a los afectados y a las voces contrapuestas a la posición oficial es un acto que revictimiza al sujeto de derecho. Esta parcialidad invalida cualquier consulta posterior.
3. «Reponer» o «generar» una consulta ahora es improcedente. El gobierno pretende usar simulaciones para legitimar decisiones ya tomadas. Ante esta violación sistemática, las comunidades —basadas en su personalidad jurídica, autonomía y libre determinación— han determinado su NO CONSENTIMIENTO, cerrando la puerta a manipulaciones futuras. Esperar una consulta cuando el carro ya nos pasó por encima es una ingenuidad. La narrativa oficial busca que caigamos en una maniobra maquiavélica de legitimación que ya se ha aplicado en otras latitudes.
4. No se nos olvide que la presidenta en campaña y en sus 100 puntos, se comprometió a no desarrollar el fracking y a continuar la visión política de AMLO, el cual se opuso a el fracking y que dejo una iniciativa para su prohibición, misma que los diputados y senadores no respaldaron.
5. A pesar de los discursos, las instituciones actuales parecen haberse pasado al carril de la derecha, dando continuidad de facto a la reforma energética neoliberal de Peña Nieto. El cambio de postura una vez alcanzado el poder es evidente.
6. Nos vienen a querer “dorar la píldora” con el concepto de soberanía, pero hay que recordar que esta reside esencial y originariamente en el pueblo (Artículo 39 de la CPEUM). Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para su beneficio; por ello, el pueblo tiene el derecho inalienable de alterar o modificar su forma de gobierno.
7. El mayúsculo endeudamiento de PEMEX, el “huachicol”, su atraso tecnológico; son condicionantes que impiden que se haga cargo de la exploración y extracción de gas y petróleo. El gobierno mexicano apuesta a entregar a privados nacionales y extranjeros areas para que financien e importen la tecnología necesaria, con ello pasaríamos de la dependencia energética a la dependencia financiera y tecnológica. ¿Es esto soberanía energética o un despojo simulado? ¿No sería mejor apostar por nuevas fuentes de energía?
8. Por último, el fracking da a un pozo una vida util de no más de 3 a 5 años, dejando le territorio estructuralmente devastado para siempre, ¿vale la pena destruir la creación y sacrificar a las personas? La utilidad pública no puede estar por encima de los derechos humanos.
Si no nos mantenemos enérgicos, nos borrarán de la faz de la tierra. Es claro que no les importa la vida, sino las ganancias momentáneas y el poder.
