Juan Felipe Cisneros Sánchez / Observatorio Indígena Mesoamericano
La reciente presentación de un comité de investigadores “a modo” para analizar la «viabilidad» del fracturamiento hidráulico (fracking) en México incurre en una omisión ética y jurídica fundamental.
No es posible determinar la viabilidad de un proyecto que compromete la vida de los pueblos originarios desde un escritorio en la Ciudad de México. Al hacerlo, se ignora que la autonomía y la consulta previa, libre e informada no son sugerencias técnicas, sino mandatos constitucionales.
Intentar revestir de «objetividad científica» una técnica que la propia presidenta Claudia Sheinbaum prometió prohibir —dando continuidad al Compromiso 75 de los 100 puntos del sexenio anterior— representa una regresión política. La ciencia debe proteger la vida, no diseñar la ingeniería del despojo. Sin una participación indígena e interdisciplinaria real, no hay ciencia; hay simulación.
Estamos ante una imposición presidencial que pretende legitimarse con un aire de «ciencia de cubículo», pues ninguno de los integrantes del comité es indígena ni habita las regiones amenazadas. La exclusión de los pueblos Tének, Náhuatl y Totonaco reduce el territorio a una simple «reserva de recursos», ignorando la cosmovisión y la relación cultural con la tierra. Según el Convenio 169 de la OIT y el Artículo 2° Constitucional, un comité académico no puede sustituir la voluntad de las comunidades que ya han declarado sus territorios «libres de fracking».
Técnicamente, se pretende ocultar el impacto hídrico: un solo pozo requiere entre 9 y 29 millones de litros de agua que no regresan al ciclo hidrológico. Este volumen se convierte en «agua de retorno» contaminada con más de 750 sustancias químicas, muchas de ellas cancerígenas, que amenazan los acuíferos de la región Tampico-Misantla. Mientras se evalúa la rentabilidad de la industria, miles de familias en San Luis Potosí y Veracruz carecen de agua potable, violando el derecho humano consagrado en el Artículo 4° Constitucional.
La narrativa de la «soberanía energética» colisiona con la realidad financiera de un PEMEX profundamente endeudado, lo que solo incrementará la dependencia tecnológica y financiera con los Estados Unidos. Además, la declinación productiva de estos pozos (de entre el 60% y 90% en su primer año) obliga a una perforación masiva que devasta el paisaje y libera metano, un gas de efecto invernadero 80 veces más potente que el CO2, contraviniendo el Acuerdo de París.
Finalmente, el Plan Estratégico de PEMEX 2025-2035 se elaboró sin consultar a los pueblos indígenas. Cualquier intento por «reponer» este proceso es extemporáneo y de mala fe. Ante la indiferencia del Ejecutivo, las comunidades ya se encuentran levantando actas para expresar su NO CONSENTIMIENTO. La legitimidad no se encuentra en un laboratorio, sino en el territorio.
