Juan Felipe Cisneros Sánchez / Observatorio Indígena Mesoamericano
De la promesa a la negación: La contradicción entre las recientes declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien el 6 de agosto de 2026 afirmó en su conferencia matutina: «Nunca lo dije en campaña como tal», refiriéndose a prohibir el fracking, y la evidencia documental e histórica de su campaña presidencial de 2024.
Hay que refrescar la memoria con evidencias del compromiso:
El 1 de marzo de 2024 (en el Zócalo), declaró explícitamente el compromiso 87 de no permitir la explotación de hidrocarburos mediante fracking, quedando integrado en el documento «100 Pasos para la Transformación» de MORENA.
En el contexto del Debate Presidencial del 28 de abril de 2024, reiteró la prohibición del fracking como un logro y compromiso de la 4T frente a sus opositores.
En el inicio de su gobierno, el 6 de diciembre de 2024, ratificó en la matutina que la prohibición del fracking se mantendría inamovible.
Posteriormente, argumentando soberanía energética y la dependencia del 75% del gas natural importado de Texas, la administración comenzó a matizar el discurso distinguiendo entre el «fracking tradicional» y un posible «fracking de bajo impacto ambiental o sustentable», el cual carece de sustento técnico.
En abril de 2026 se creó un comité de especialistas. En agosto de 2026, el comité presentó resultados determinando estudios de viabilidad para fracking en las cuencas de Sabinas-Burro-Picachos y Burgos, estableciendo una veda únicamente en Tampico-Misantla y condicionándolo al uso de agua salada profunda. Con ello, se establece no una prohibición sino una apertura al fracking.
La presidenta no solo niega una promesa, sino que de hecho se contradice y se retracta para autorizar de golpe el fracking en México, sacrificando el norte y dejando en reserva la Huasteca. Así de sencillo.
La promesa política queda fracturada y atropellada por los compromisos energéticos del gobierno, que ahora se siente dueño de los recursos de la nación y los quiere comprometer bajo esquemas de inversión mixta con los consorcios petroleros nacionales e internacionales bajo la falsa bandera de la “soberanía energética”, comprometiendo el futuro de las generaciones en dichos espacios.
Para amortiguar el costo político de romper la promesa de campaña, la administración recurre a dos vías: modificar el concepto (pasar de prohibir el fracking a rechazar solo el «fracking tradicional» e investigar un «fracking sustentable», propuesta que rebasa lo lógicamente aceptable) y, por otra parte, apoyarse en un grupo académico afín para trasladar el costo de la decisión a la ciencia.
La decisión genera fracturas de credibilidad y confianza; tal vez ahora queda claro que las dinámicas de la era Trump han permeado a la 4T, y Claudia Sheinbaum le sigue el paso.
El debate sobre el fracking en México pone de relieve la urgencia de discutir con honestidad la soberanía energética sin recurrir al desgaste de la certidumbre política.
La preocupación por la alta dependencia energética respecto a Estados Unidos es legítima y representa un riesgo geopolítico y económico sustancial para el país. Sin embargo, intentar resolver esta vulnerabilidad arrasando y dañando estructuralmente la vida de los territorios por un rendimiento temporal corto (con picos de extracción que decaen drásticamente en un periodo de 1 a 3 años, tal como demostró el costoso precedente histórico del proyecto Chicontepec) resulta financiera y ecológicamente inviable.
Aunado a lo anterior, la negación de las promesas de campaña (palabra empeñada) debidamente documentadas socava la confianza pública y política.
Por otro lado, la literatura científica global ha documentado ampliamente los riesgos de la fracturación hidráulica sobre la disponibilidad hídrica, la contaminación de acuíferos y la sismicidad inducida. Aunque condicionar la extracción al uso de agua salada busca mitigar la presión sobre el agua dulce, el impacto socioambiental en regiones históricamente vulnerables como el noreste del país sigue siendo motivo de seria preocupación, y los elevados costos de producción junto con la rápida declinación de los pozos hacen insostenible esta estrategia.
La presidenta mina su propio fundamento político con la apertura al fracking, le llamen como le llamen; con la negación de sus promesas solo da paso a la incertidumbre política y abre la puerta al voto de castigo por la falta de congruencia.
