Juan Felipe Cisneros Sánchez / Observatorio Indígena Mesoamericano
Las últimas horas en Tanlajás han dejado al descubierto el verdadero rostro de la política municipal frente a la amenaza extractiva. Hace unas horas el presidente municipal, Humberto Lucero Magaña, intentaba relativizar en medios informativos el riesgo técnico e impacto ambiental de las solicitudes de PEMEX para establecer depósitos de explosivos, incurriendo en contradicciones administrativas y estigmatizando a los defensores del territorio. Hoy, arrastrado por la dignidad de su propio cuerpo edilicio y la fuerza inquebrantable de las autoridades indígenas, el panorama ha dado un vuelco radical.
En una sesión extraordinaria, el Cabildo de Tanlajás puso en su lugar al presidente municipal. Ante la inviabilidad de sostener su discurso paternalista y evasivo, y frente al riesgo inminente de ser rebasado por sus propios regidores, el munícipe prefirió subirse de última hora al autobús de la oposición al fracking antes de ser «planchado» y políticamente sepultado por los dirigentes y autoridades comunitarias que sostienen un NO CONSENTIMIENTO ROTUNDO en toda la Huasteca.
El voto por unanimidad del Cabildo para rechazar cualquier permiso a PEMEX no es una concesión graciosa de Lucero Magaña; es el resultado directo de la presión social y el cálculo de supervivencia política. El alcalde sabe perfectamente que si no se alineaba a la exigencia colectiva, el castigo en las urnas sería inmediato y devastador, poniendo en jaque la continuidad en el Ayuntamiento de su propia corriente política. La memoria histórica de la región está fresca: están plenamente vigentes los 11 Puntos de Tancanhuitz emitidos el pasado 7 de junio, un mandato popular nacido de las movilizaciones regionales que dejó claro que los pueblos originarios no tolerarán simulaciones ni traiciones de sus gobernantes en la defensa de los bienes comunes.
La obligada pirueta discursiva del alcalde —quien al término de la sesión corrió a colgarse la medalla declarando que «defienden el territorio, el agua y la vida»— no borra las graves omisiones en que incurrió. Hasta hace un momento, su narrativa centralista pretendía suplantar la voluntad de las asambleas comunitarias, vulnerando el núcleo del Artículo 2º Constitucional y los Artículos 13 a 15 del Convenio 169 de la OIT. Al criminalizar las alertas de los activistas, Lucero Magaña violó flagrantemente el Artículo 1º de la Carta Magna y los estándares internacionales del Acuerdo de Escazú, elevando el riesgo para quienes defienden los derechos humanos ambientales.
Es imperativo recordarle a esta administración que Tanlajás posee un blindaje territorial histórico que la ignorancia técnica de sus funcionarios les impedía ver: la reserva ecológica comunitaria «KO’BIXTALAB K’AL AN LABIDH XE’TSINTALAB» (Protección de la Vida Sagrada), inscrita formalmente en julio de 2018 ante el Registro Público de la Propiedad, con una vigencia mínima de 30 años. Esta herramienta legal, heredada de la organización del pueblo y la gestión de Domingo Rodríguez Martel, es el verdadero escudo jurídico contra el fracking, y no la voluntad voluble de un gobernante temeroso del costo electoral.
Ante la gravedad de los hechos, ha trascendido que el próximo domingo 12 de julio, a las 10 de la mañana, se llevará a cabo una reunión municipal con las autoridades indígenas del municipio. Este encuentro formal tendrá como objetivo único y vinculante tomar acuerdos definitivos directamente con las autoridades institucionales y tradicionales de las comunidades. Las comunidades Teenek, como sujetos de derecho público, vigilarán de cerca que el Ayuntamiento cumpla a rajatabla y no pretenda negociar a espaldas del pueblo en dicha mesa. La soberanía radica en las asambleas; los alcaldes son transitorios, el territorio es ancestral.
