Un estudio presentado ante el Instituto Nacional Electoral (INE) puso bajo la lupa la representación de los pueblos indígenas en la Cámara de Diputados: de los 49 legisladores electos mediante acciones afirmativas indígenas en la actual LXVI Legislatura, solo 10 tendrían una vinculación comunitaria considerada auténtica por la investigación.
El dato forma parte del estudio “Evaluación de la eficacia de las acciones afirmativas en candidaturas federales (2018-2024)”, elaborado por especialistas de la UNAM y presentado en el propio INE. La investigación analiza los procesos electorales de 2018, 2021 y 2024 y advierte problemas para comprobar que algunas candidaturas realmente pertenecieran a los grupos para los que fueron creados estos espacios.
En el caso indígena, el estudio señala que una de las principales dificultades está en la llamada autoadscripción calificada. Esto significa que no basta con que una persona se identifique como indígena; debe acreditar un vínculo real con una comunidad o pueblo originario.
La investigación documenta casos en los que las constancias de pertenencia comunitaria habrían sido utilizadas para cumplir con el requisito, pese a que algunas personas no tendrían trayectoria de trabajo comunitario, participación en asambleas, residencia en comunidades indígenas o dominio de una lengua originaria.
El problema adquiere especial relevancia para estados como San Luis Potosí, donde pueblos tének, náhuatl y otros pueblos originarios cuentan con una presencia histórica y con demandas relacionadas con territorio, consulta indígena, presupuesto y derechos colectivos.
El estudio plantea fortalecer los mecanismos para comprobar la pertenencia comunitaria y propone, entre otras medidas, dar un papel central a las propias asambleas comunitarias en la certificación, además de exigir una trayectoria verificable de trabajo dentro de las comunidades.
Las acciones afirmativas fueron creadas para reducir las desigualdades históricas que han enfrentado distintos grupos y permitir su representación política. El propio marco electoral establece mecanismos para verificar la autoadscripción indígena.
La discusión que ahora se abre es precisamente sobre qué tan efectiva está siendo esa representación y quién debe tener la última palabra para acreditar que una persona realmente representa a un pueblo indígena.
