Tribunal le exige explicar por qué no ha traducido sentencia a lenguas indígenas
San Luis Potosí, S.L.P.– A pesar de que desde marzo pasado existía una orden judicial para traducir una sentencia electoral a las lenguas Tenek y Náhuatl, la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) no ha acreditado haber cumplido con dicha obligación, situación que obligó al Tribunal Electoral del Estado a intervenir nuevamente y requerir explicaciones formales a la dependencia.
La resolución fue emitida dentro del expediente TESLP/JDC/04/2026, promovido por ciudadanos indígenas que reclamaron la protección de sus derechos político-electorales. El Tribunal recordó que la traducción no era una recomendación ni una sugerencia administrativa, sino una instrucción judicial que debía cumplirse para garantizar el acceso efectivo a la justicia de los pueblos originarios.
De acuerdo con el acuerdo emitido por la magistrada María Carolina López Rodríguez, la sentencia debía ser traducida a las lenguas Tenek y Náhuatl en formato escrito y también en audio, mediante una versión de lectura fácil que permitiera a las comunidades comprender plenamente el contenido de la resolución.
Sin embargo, varios meses después de emitida la orden, no existen constancias que demuestren que la traducción haya sido realizada o entregada. Ante esta omisión, el Tribunal decidió requerir directamente a la titular de la SEGE, Deysi Maribel López Sierra, para que informe qué acciones se han realizado y cuál es el estado actual del cumplimiento.
El caso pone nuevamente sobre la mesa las dificultades que enfrentan las comunidades indígenas para acceder a la información pública y a la justicia en su propia lengua. Aunque el discurso oficial suele presumir inclusión y respeto a los pueblos originarios, la falta de cumplimiento de una orden judicial relacionada precisamente con derechos lingüísticos genera cuestionamientos sobre la atención real que reciben estos sectores de la población.
Especialistas en derechos indígenas han señalado en distintas ocasiones que traducir documentos oficiales no es un acto simbólico, sino una obligación vinculada al reconocimiento de derechos fundamentales. Sin estas herramientas, miles de personas quedan excluidas de procesos legales que impactan directamente en sus comunidades.
Hasta el momento, la Secretaría de Educación no ha emitido una postura pública que explique el retraso ni ha informado cuándo estarán listas las traducciones ordenadas por el órgano jurisdiccional. El incumplimiento reiterado podría derivar en nuevas medidas legales para garantizar la ejecución de la sentencia.
